- Esta actividad supone un negocio muy jugoso para los grupos del crimen organizado que obtienen elevadas ganancias para los compradores, normalmente en el extranjero
Teorema Ambiental/Redacción
Para la ley mexicana, el tráfico ilegal de vida silvestre es un delito ambiental y castiga la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de especies de flora y/o fauna silvestre, mediante la captura caza y colecta, en contravención de las leyes y tratados nacionales e internacionales. Este delito es uno de los más nocivos para la preservación de la biodiversidad ya que causa un daño directo e irreversible sobre los ecosistemas.
Pero además supone un negocio muy jugoso para los grupos del crimen organizado, pues se trata de una de las áreas menos atendidas por gobiernos como el de México para prevenir este delito y, en cambio, representa elevadas ganancias para los compradores, normalmente en el extranjero, cuya fuerte demanda es la que hace tan redituable este ilícito.
Organismos como World Wildlife Fund (WWF) señala que el tráfico de especies es la segunda causa de pérdida de flora y fauna en el planeta, y solo después del tráfico de drogas y armas, es el tercer delito organizado con mayor impacto mundial.
El interés del Cártel de Sinaloa en el tráfico de especies
El 28 de mayo, el periódico El Universal, explicó cómo el Cártel de Sinaloa, uno de los dos grupos criminales más influyentes del país, controla el negocio del tráfico de especies, ante la complacencia del gobierno. Su reporte señala que en la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, hasta 2022, redujo dramáticamente el aseguramiento de fauna silvestre en 70.46 por ciento, en comparación con el mismo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto 2013-2016.
El motivo, de acuerdo con expertos consultados por la publicación, es la falta de recursos humanos y de infraestructura además de no contar con espacios adecuados para resguardar a las especies aseguradas.
Entre 2019 y 2022, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha reportado el aseguramiento de 555 animales silvestres, cuando en el mismo lapso de la administración anterior se aseguraron 1879 ejemplares.
La publicación señala que también hay integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación y del Golfo, que tienen nexos con redes internacionales de tráfico de especies.
Además, estas organizaciones tienen una especial admiración por cierto tipo de depredadores amenazados de extinción porque son especies difíciles de cazar, mantener y conservar en un espacio doméstico por lo que también son símbolo de su poder y que representan ciertas habilidades que poseen los capos.
Sin embargo, su valor más importante es el económico, pues los grupos criminales tienen nexos con redes de traficantes de animales en lugares tan remotos como Sudáfrica, África Occidental, Centroamérica, Amazonia y Asia. De hecho, ante el endurecimiento de los gobiernos por el combate al narcotráfico, el crimen organizado halló un negocio floreciente que genera ganancias incluso más elevadas que el tráfico de armas, drogas, de personas o de explotación sexual.
Por su parte, María Elena Hoyos, activista en derechos de los animales y exdirectora del Zoológico de Chapultepec, asegura que el principal problema es la falta de recursos humanos, financieros y de espacio:
“Hay que rehabilitar estos centros, para en lugar de estar rogando en qué zoológico los van a recibir, puedan enviar a los animales que corresponden a un delito a un mismo lugar, con gente preparada y recursos para darles de comer, limpiarlos y tenerlos bien atendidos”, expresa la exdirectora del Zoológico de Chapultepec.
Fotografía: Profepa
