La desaparición de este roedor en la península ibérica también afectaría en la recuperación de otras especies que se alimentan de él y que también están amenazadas
Teorema Ambiental/Redacción
Madrid, España, 17 de diciembre de 2019.— La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) clasificó al conejo como una especie amenazada, por primera vez en la historia, por la importante reducción de sus poblaciones. Por ello, la representación española del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) pidió a los ministerios para la Transición Ecológica (Miteco) y de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapama) crear un grupo de trabajo que aborde esta situación en ese país.
El conejo de monte o conejo común es una especie clave del ecosistema mediterráneo, ya que suele ser una presa habitual para animales como el lince ibérico o el águila imperial.
Por ello, la organización ambientalista pidió que se redacte una estrategia ibérica de gestión y que se inicie un censo sobre el estado de la población en la península ibérica.
“La reducción de la población de conejo es muy alarmante, ya que casi el 40 por ciento de otras especies dependen de él para alimentarse”, informó WWF en Twitter y agregó que la especie ha perdido hasta un 70 por ciento de su población en los últimos años a causa de enfermedades, como la mixomatosis o la enfermedad hemorrágico vírica, desde finales de los años ochenta, con altísimas mortalidades que llegan a alcanzar el 90 por ciento de las poblaciones.
Además, los cambios en el suelo y la agricultura intensiva han alterado la estructura del paisaje y han hecho desaparecer los hábitats de los que depende este animal.
WWF cree que el descenso de conejos puede suponer un obstáculo “insalvable” para la recuperación de especies también amenazadas, como el lince ibérico y el águila imperial.
En 2016 la organización realizó una propuesta para la gestión de la especie, que fue consensuada con diferentes asociaciones cinegéticas, agrícolas y ecologistas pero que quedó parada por el gobierno español, y por el momento, no se ha llegado a debatir con las comunidades autónomas que integran este país.
