La zona del país donde se concentra más el agua, es la que sufre más escasez
Ciudad de México.— México tiene acuíferos sobreexplotados y contaminados, sin embargo no existe información actualizada sobre la situación real de las aguas nacionales y prevalece un rezago en la aprobación de la Ley General de Aguas que sustituirá a la Ley de Aguas Nacionales, así enfrentó México el Día Mundial del Agua, celebrado el pasado 22 de marzo.
Una de las mayores desigualdades que existen en México es en lo referente al agua, ya que según datos de 2015 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “el 67 por ciento del vital líquido se concentra en cuatro de las 25 regiones hidrológico-administrativas ubicadas en el sureste del país, siendo esta zona la que tiene los peores indicadores nacionales de cobertura de agua entubada (82.39 por ciento contra un promedio nacional de 90.94 por ciento), señaló Edith F. Kauffer Michel, investigadora del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).
“Lo anterior significa que en México la ausencia de correspondencia entre la cantidad de agua y el acceso al líquido nos ubica en un universo de marcadas injusticias hídricas, donde las poblaciones más pobres son las más susceptibles de sufrir escasez del agua y daños relacionados con este problema, como la mortalidad de menores de cinco años por enfermedades gastrointestinales, flagelo donde Chiapas ocupa el primer lugar a nivel nacional”, dice la académica.
En su trabajo “Comentarios sobre la seguridad y la soberanía hídrica, un revés a la (in)gobernabilidad del agua”, publicado en el libro Gestión pública y social del agua en México, editado por la UNAM, Daniel Murillo Licea, investigador del CIESAS, considera que una mala gestión hídrica causa la escasez del líquido, por lo que propone políticas públicas que tomen en cuenta el concepto de “soberanía hídrica”.
“Esta soberanía se basa en un supuesto de que la comunidad, y en general los seres humanos, somos capaces de realizar acciones que cambien la realidad de nuestro propio entorno y, en este caso, que nos permita recuperar el agua como un bien común, lo que nos permite el dinamismo y no la inmovilidad”, refiere.
Considera que habría que revisar los marcos conceptuales sobre los que se basa la política hídrica en México, “como es el caso de la gestión integrada de recursos hídricos y la gobernanza del agua, porque luego de varios lustros de observar los efectos de ambos conceptos en la práctica, México enfrenta un camino hacia una crisis hídrica”.
Murillo Licea considera que “las políticas de trasvase, la fractura hidráulica, la afectación a cuerpos de agua y a la biodiversidad, la construcción de megaproyectos, la sobreexplotación creciente de acuíferos, la afectación a territorios indígenas, son algunos ejemplos actuales de la falta de sustentabilidad en la política hídrica”.
Derecho al agua, un derecho sin ley
Luego de la reforma al artículo cuarto constitucional de 2012, donde se incluyó por primera vez el derecho al “acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, el Congreso no ha discutido la Ley General de Aguas que instrumentaría este derecho.
Lourdes Romero Navarrete, investigadora del CIESAS, recuerda que la discusión sobre la ley conocida como Ley Korenfeld presentada en San Lázaro al inicio de 2015, fue detenida de manera abrupta luego de que una acción colectiva demandara que en el debate fuera incluida la propuesta ciudadana que se hacía sobre dicho ordenamiento.
Romero exhorta a los legisladores “a dar un tratamiento procesal adecuado a la iniciativa o iniciativas que se presenten y convocar a un debate amplio que dé legitimidad al nuevo marco legal que deberá instrumentar un derecho tan vital como el recurso que busca regular”.
Recomendaciones
Los investigadores del CIESAS hacen algunas recomendaciones a las autoridades federales:
Edith Kauffer Michel refiere que es necesario promover la justicia hídrica que tome en cuenta “una distribución equitativa de los impactos positivos y negativos del agua; una exigencia de participación ciudadana en la toma de decisión en torno a los recursos hídricos y un reconocimiento de los distintos valores culturales, místicos e incluso estéticos del líquido”.
Por su parte, Daniel Murillo plantea una revisión crítica a fondo de la política hídrica de sus conceptos y sustentos; la búsqueda de consensos en torno a la política del agua; a ampliar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, y a reconocer la diversidad cultural hídrica en México para hallar soluciones inclusivas y no homogéneas a los problemas ambientales.
En tanto, Lourdes Romero sugiere mejorar los criterios de control de datos relacionados con la situación del agua en el país, en vista de que se observa que “la autoridad federal maneja cifras distintas y en ocasiones registra opacidad, imprecisión y dispersión de datos, lo que cancela la oportunidad de hacer de la información sobre el agua un valor cotidiano que coadyuve a la toma de decisiones individuales y colectivas a favor de la conservación y el cuidado del líquido”, concluye.
Fuente: Conacyt Prensa, imagen
