- De enero a diciembre de 2023, 20 personas perdieron la vida defendiendo el patrimonio natural, la tierra y el territorio en México
Teorema Ambiental/Redacción
En la última década, 2023 fue el segundo año donde se documentaron más eventos de agresión en contra de personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales, registrando un total de 123. En 2022 se registraron 197 eventos de agresión. Así lo reporta el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales que elabora el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (Cemda).
En el Informe, se distinguen los eventos de las agresiones. Los primeros corresponden a los hechos donde, en un lapso determinado, pueden suceder diversas agresiones específicas. Es así que durante 2023, dentro de los 123 eventos de agresión registrados, ocurrieron 282 agresiones, siendo las más frecuentes las amenazas, la intimidación, las agresiones físicas, la criminalización, el hostigamiento y, desafortunadamente, el homicidio. Durante el año 2023 ocurrieron 20 agresiones letales, 19 de las cuales se catalogan como homicidio y una como probable ejecución extrajudicial.
Michoacán es el estado de la República Mexicana donde se registró el mayor número de asesinatos de personas defensoras, llegando a un total de siete. Le siguieron Guerrero con seis, Oaxaca y el Estado de México con dos cada uno, y los estados de Hidalgo, Sonora y Jalisco con un asesinato.
Referente al número de agresiones en general, en el año 2023 Jalisco fue el más peligroso para las personas y comunidades defensoras ambientales, con 20 eventos de agresión documentados. Le siguieron Oaxaca con 19 eventos, Ciudad de México con 12, Chiapas con nueve, y Yucatán, Guerrero y Quintana Roo con siete cada uno. En los tres últimos años, Oaxaca ha sido el estado más constante en número de agresiones, colocándose como uno de los más peligrosos para ejercer la defensa ambiental. Chiapas se encuentra en situación similar, pues en los tres últimos años se ha colocado entre los cinco estados con más eventos de agresión.
Es de suma preocupación que el 57.7 por ciento de los casos de agresión en 2023 fueron en contra de personas pertenecientes a pueblos indígenas. Esto indica que las personas que habitan y cuidan los territorios son las más vulnerables a sufrir agresiones a causa de su labor. Los pueblos indígenas que más agresiones recibieron fueron los nahuas con 20 eventos, los cuales ocurrieron en el marco de proyectos mineros y forestales. En seguida se ubicaron los pueblos mayas de la península de Yucatán con siete casos. Las agresiones en su contra están relacionadas con el megaproyecto denominado “Tren Maya”. A continuación se encuentran los pueblos tzeltales y odami con cinco casos cada uno, y el pueblo mixe con cuatro casos.
En 2023, el sector donde se presentaron más eventos de agresión fue la minería, con 30; le sigue el de vías de comunicación con 18 casos y, en tercer lugar, el sector forestal con 13 casos. De los 18 eventos de agresión relativos a megaproyectos y obras relacionadas con vías de comunicación, todos fueron por habilitación de vías férreas: 12 se relacionaron con el megaproyecto “Tren Maya” y seis con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Respecto de las agresiones letales, en el año 2023 los sectores minería e hídrico encabezaron la lista. De las 20 agresiones letales documentadas, seis personas defensoras fueron asesinadas en el marco de la minería y ocho en el hídrico. Le sigue el sector de la biodiversidad, con dos personas defensoras asesinadas. En el ámbito de defensa, donde más agresiones ocurrieron fue en el relacionado con el territorio, con 110 eventos; le siguen el agua, con 39; y en tercer lugar la flora, con 33 eventos de agresión.
Referente a los agentes agresores, de los 123 eventos registrados durante el año 2023, el principal fue el gobierno, con alguna participación en 61 eventos de agresión. Le sigue la delincuencia organizada, con 37 casos y, en tercer lugar, la empresa privada, con 19. En 22 casos no se pudo identificar al agente agresor. Frente a esta situación el Estado mexicano tiene mucho que hacer en su labor de proteger y garantizar un entorno seguro para las personas y comunidades defensoras.
En cuanto a las agresiones cometidas por algún agente del gobierno, de los 61 eventos de agresión donde se documentó su participación, 23 de ellos se atribuyen a la policía (nueve municipales y 14 estatales), en 19 a gobiernos estatales, en 17 al gobierno federal, en 16 a las fiscalías estatales, en 13 a gobiernos municipales, en nueve a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en cuatro a la Secretaría de Marina (Semar), en dos a la Guardia Nacional y en siete, a otras autoridades.
En cuanto al tipo de víctima, de los 123 eventos de agresión, 79 eran integrantes de la comunidad (64.22 %); 16 casos integrantes de organizaciones de la sociedad civil (13 %), diez ejidatarios (8.13 %), siete comuneros (5.7 %), cinco personas académicas (4.06 %), cinco estudiantes (4.06 %), tres personas abogadas (2.43 %), dos periodistas (1.62 %), dos defensores independientes (1.62 %) y cinco contra otro tipo de víctima (4.06 %).
Un dato adicional que se documentó con la metodología utilizada para elaborar el presente informe, es que se registraron 1317 personas afectadas por los eventos de agresión en 2023. De estas, 416 se identificaron como personas defensoras del medioambiente, la tierra y el territorio. Además, 344 eran niños, niñas y adolescentes. Estas cifras reflejan que la violencia va más allá de las propias personas defensoras y en muchas ocasiones alcanza a familiares, vecinos o miembros de la comunidad.
En razón del sexo, 170 eventos de agresión (12.9 %) fueron contra personas del sexo masculino y 68 del femenino (5.16%). En el resto de las 1079 (81.92 %) personas no fue posible identificar este dato. Referente al género, 140 (10.63 %) personas se identificaban como hombres; 48, como mujeres (3.64 %) y una persona, como no binaria (.075 %). No se pudo identificar el género en el caso de 1128 (85.64 %) personas debido a que las notas no aportaron información al respecto, o bien, porque en algún caso específico, como una protesta, no se pudo determinar con certeza el número de personas participantes.
Fotografía: Cemda
