Las organizaciones promueven 10 propuestas para proteger la riqueza natural de México; esperan realizar un ejercicio similar con cada uno de los candidatos presidenciales
Teorema Ambiental/Redacción
Con la finalidad de comenzar un diálogo sobre las diez propuestas para proteger la riqueza natural de México, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, representante para asuntos ambientales del equipo de la coalición Juntos Haremos Historia, aceptó el llamado de las organizaciones de conservación que impulsan dicha iniciativa.
Durante el encuentro, las organizaciones reiteraron la importancia de que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, se comprometa con esta agenda mediante un acto público, en el que se refuerce el diálogo.
Las organizaciones ambientalistas insistieron en que la sociedad y el gobierno pueden trabajar de la mano y liderar a la generación que todavía puede transformar esta crisis, revirtiendo las tendencias de deterioro ambiental y asegurando un futuro en el que la naturaleza y la humanidad convivan armónicamente.
En este sentido Josefa González-Blanco Ortiz–Mena resaltó, “para nosotros es fundamental escuchar las voces de los expertos para incorporar su experiencia y conocimiento en el diseño e implementación de la política pública y fortalecer así la corresponsabilidad”.
Las diez propuestas, que fueron dadas a conocer en conferencia de prensa el pasado 2 de mayo, subrayan las prioridades para lograr un uso sustentable de los recursos naturales, como la única vía para lograr la prosperidad y el bienestar de los mexicanos, con una visión de largo plazo.
Las organizaciones de conservación que impulsan la iniciativa subrayaron la crisis que enfrenta el país por la acelerada degradación de los recursos naturales, a lo que se suman los efectos del cambio climático. Considerando las tendencias de crecimiento demográfico y la creciente demanda de alimentos, energía y otras materias primas, es crítico que los candidatos presidenciales se comprometan con la integración de una agenda de conservación del patrimonio natural de los mexicanos de manera transversal en las políticas públicas del siguiente gobierno.
Propusieron el establecimiento de la “jerarquía de la mitigación” para reducir el impacto de los megaproyectos, incorporación de un enfoque ambiental transversal en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, formulación e implementación un modelo de desarrollo turístico sostenible, así como el diseño de un marco jurídico y un programa de incentivos para favorecer el desarrollo de ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y resilientes.
Otros temas de conversación fueron cómo garantizar el abastecimiento de agua y determinar precios justos de este recurso vital; proteger los mares mexicanos; consolidar las áreas naturales protegidas; así como alcanzar una tasa cero de deforestación, reducir el 36 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y lograr que el 35 por ciento de las energías generadas sean limpias para 2024, según los compromisos que México asumió con el Acuerdo de París.
Las organizaciones estuvieron representadas en este diálogo por Juan Manuel Frausto, director del programa de bosques y cuencas del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, AC; Isabel Studer, directora ejecutiva para México y el Norte de Centroamérica de The Nature Conservancy; Eugenio Barrios, director de política de World Wildlife Fund México; Andrew Rhodes, director general del Sistema de Pronatura; Juan Manuel Labougle, director de conservación de Conservation International, México; Margarita Campuzano, directora de comunicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC, y Francisco Cravioto Lagos, coordinador de Incidencia del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, AC.
