Por ser México una de las naciones con mayor biodiversidad (10 por ciento del mundo) y mayor variedad de ecosistemas: bosques, selvas, desiertos, cuencas hidrológicas, mares y arrecifes; el crecimiento poblacional, el desarrollo económico, el avance tecnológico y la presión social, generan puntos de conflicto.
En nuestro país, el dominio inalienable e imprescriptible de la nación sobre tierras y aguas, el derecho de imponer modalidades a la propiedad privada, así como el regular en beneficio social el aprovechamiento de los recursos naturales, tal y como lo establece el artículo 27 de la Constitución, proporcionan un sólido fundamento a la acción del Estado para preservar el medio ambiente y promover el desarrollo sustentable.
Los desafíos en la materia son muchos: la posibilidad de mantener el abasto de agua potable en 36 ciudades atraviesa por una situación crítica; se pierden anualmente 600 mil hectáreas de bosques y selvas; es insuficiente el control de las emisiones industriales al agua, aire y tierra.
Asimismo, la alta proporción de mexicanos en situación de pobreza incide drásticamente en los recursos naturales y en la degradación del medio ambiente; es evidente el saqueo y tráfico de especies, así como la caza y pesca inmoderada.
Lo anterior ha generado una gran preocupación en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que en su 18° Asamblea General de Delegados, que se efectuó del 17 al 20 de noviembre de 2001, se analizaron, debatieron y resolvieron las acciones a realizar para hacer frente a esta problemática.
Nueva política ambiental
En la Tribuna «Ecología, Recursos y Calidad de Vida», que se celebró en la ciudad de Toluca, Estado de México, los delegados priistas, procedentes de todo el país, determinaron:
Con relación a una nueva política ambiental, el PRI afirmó que la política económica debe incorporar, de manera estratégica, los criterios y prioridades de la sustentabilidad que significa no poner en riesgo las acciones de satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras por atender las actuales.
En este sentido, destacó la necesidad de revertir el carácter marginal, reactivo y compensatorio de las políticas social y ambiental, y por vincular los propósitos de éstas a los de la política económica.
El PRI aseguró que solamente se podrá acceder a procesos de sustentabilidad, en la medida en que se mantenga un ritmo duradero de crecimiento que genere empleos mejor remunerados y reduzca tanto la magnitud de la pobreza extrema como la de los costos netos por agotamiento de los recursos naturales y deterioro ambiental
Por último, los delegados priistas pugnaron por una mayor participación de la sociedad en las tareas de prevención, control y restauración, descentralizando funciones que hasta hoy son de exclusiva competencia federal, y creando organizaciones de vigilancia ecológica ciudadana.
