Las organizaciones civiles de los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas que participaron en el foro “En defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales de los pueblos indígenas” promovido por la oficina del Alto Comisionado de la ONU sobre derechos humanos, que se clausuró hoy, pidieron a los gobiernos federal y estatal que respeten la decisión de las comunidades y ejidos opositores a La Parota.
Asimismo, determinaron que no aceptarán otros proyectos similares que vayan a afectar las tierras y territorios indígenas en estos tres estados, por lo que exigieron que no se adopte ninguna decisión sobre la construcción de la presa El Paso de la Reina, que pretende edificarse en Oaxaca.
En sus resolutivos quedó asentado que no aceptarán ningún megaproyecto del gobierno federal sobre la construcción de presas en las regiones indígenas, si no se toma en cuenta el derecho a la consulta y el consentimiento previo e informado de los pueblos que habitan esas comunidades, conforme al convenio 167 de la Organización Internacional del Trabajo.
En el encuentro de dos días participaron por lo menos unas 15 organizaciones civiles y comunidades indígenas, las que durante este tiempo compartieron experiencias de lucha, formas de organización y de hacer frente a los megaproyectos gubernamentales para la generación de energía eléctrica y las grandes inversiones de compañías mineras transnacionales.
Este día, se escucharon los testimonios de los ejidatarios de Carrizalillo sobre su lucha contra el consorcio minero Luismin para lograr un mejor precio por las tierras que el corporativo explota para la extracción de oro, batalla que duró los meses de enero, febrero y marzo.
Por los testimonios de otras dos comunidades de Oaxaca expuestos ahí, en voz de Aldo González Rojas de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca y de Dominga Carreño, de la comunidad Santa Ana Tabela, también en Oaxaca, se observó que el camino que han seguido las transnacionales mineras para extraer los metales, han sido los mismos que enfrentaron los ejidatarios de Carrizalillo: compra de parcelas a bajo precio y ofrecimientos de introducción de obras de beneficio social a cambio del permiso por socavar sus recursos.
En la comunidad de Santa Ana Tabela se oponen a que la compañía Minerales El Prado extraiga oro, aunque, los trabajos de ese corporativo continúan, pues tienen la concesión que otorgó el gobierno federal.
En otro proyecto minero que se desarrolla en la sierra Juárez, en ese mismo estado, ahí la empresa Resources Unlimited, también canadiense, realiza trabajos de exploración en un yacimiento que ya tiene muchos años conocido como La Natividad, pero las empresas que han explotado el metal han sido muy pequeñas y los daños no habían sido mayores.
Sin embargo, con la presencia de ese corporativo tan sólo en dos años de trabajos de exploración, según lo que denunció Aldo González, las comunidades de la sierra oaxaqueña han visto cómo saquean sus manantiales superficiales, pues el agua se escurre por los socavones que ha construido la minera; lo mismo que ocurrió en Carrizalillo con el proyecto de las minas a cielo abierto Los Filos y El Bermejal, aunque en Oaxaca se pretende seguir trabajando con la minería subterránea.
Valeriano Celso expuso que en el movimiento en Carrizalillo lo que les permitió el triunfo fue la solidaridad de las organizaciones sociales y el pronunciamiento a favor de ellos de varios organismos internacionales, porque las autoridades les dieron la espalda, pues fueron compradas por la compañía.
Fuente: La Jornada
