La legislación para proteger el valioso ecosistema del manglar es buena en el papel, pero históricamente los intereses económicos han forzado la desaparición de más de la mitad de estas barreras naturales que nos protegen contra los huracanes y eventos climáticos extremos
Sara Antonio
México ha perdido 65 por ciento de su cubierta original de manglares debido a que en el pasado, las autoridades ambientales otorgaban autorizaciones a proyectos de construcción de infraestructura turística, inmobiliaria y de acuicultura, después de que las zonas de mangle ya habían sido devastadas. Hoy se cuenta con una norma mexicana y un artículo dentro de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) que tienen como principio proteger estos ecosistemas, sin embargo, la deforestación continúa porque no hay autoridad que haga valer la ley.
Pese a que el Código Penal contempla una sanción para quienes destruyan los manglares, ésta no se hacía efectiva pues “se daban autorizaciones para proyectos de construcción de infraestructura turística, inmobiliaria y de acuicultura a posteriori de haber devastado zonas de manglar”, aseguró el diputado Diego Cobo Terrazas, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
Durante el sexenio del ex presidente Vicente Fox Quesada, con Alberto Cárdenas al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se cristalizaron los esfuerzos de un grupo de personas que trabajaron durante siete años, para establecer una Norma Mexicana (NOM022-Semarnat-2003) que protegiera y conservara los humedales costeros del país. Pero poco duró el gusto, pues se sufrió modificaciones “de tajo” sin que éstas fueran consultadas al equipo que había participado en su formulación.
Dicho cambio permitía la ejecución de actividades que anteriormente eran prohibidas por la ley, siempre y cuando los proyectos establecieran en su manifestación de impacto ambiental medidas compensatorias en beneficio de los humedales.
Con este matiz, la Semarnat autorizó una serie de proyectos como el de Paraíso del Mar, ubicado en las costas del Golfo de California específicamente en el Mogote, La Paz, Baja California Sur, donde se taló una hectárea de manglar para realizar las obras de construcción que comprende dos hoteles con 1,050 cuartos, una comunidad con 294 casas de lujo, 400 villas condominales, una marina turística, un campo de golf, club campestre y club de playa.
Otro desarrollo autorizado fue Marina Mazatlán; proyecto de ampliación que contempla la tala de seis hectáreas de manglar, lo que representa un humedal completo. “En Marina Mazatlán se autorizó la tala del 100 por ciento del humedal argumentando que en la zona de taludes de la marina se podría replantar con mangle rojo; siendo que la propia autorización establece que este tipo de mangle no se logra debido a la salinidad del lugar”, afirmó Pablo Uribe Malagamba, representante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en el noreste.
A decir del diputado Cobo Terrazas, no hay nada que hacer desde el punto de vista jurídico con las autorizaciones otorgadas antes de la reforma que el Congreso hizo el pasado mes de febrero a la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), ya que la legislación en nuestro país no se aplica retroactivamente.
Lo que sí podría hacer en algún momento dado la Semarnat es exigir el cumplimiento al 100 por ciento de las condicionantes que implica la Manifestación de Impacto Ambiental que debe ser presentada para este tipo de proyectos y si no cumplen una sola de las condiciones la autoridad tienen la facultad legal de rechazarlos, afirmó.
El legislador consideró que en México, los litigios en materia ambiental toman mucho tiempo debido al desconocimiento y la falta de capacitación de las instituciones. Comentó que la fiscalía encargada de ver los asuntos ambientales también tiene a su cargo asuntos sobre crimen organizado, banda de secuestradores, tráfico de personas, entre otros temas que por su relevancia le restan importancia a los delitos ambientales.
Por ello consideró necesario la creación de instancias especializadas dentro de la Procuraduría General de la República, dotadas de mayores recursos para que cumplan sus funciones. Y al mismo tiempo fomentar entre los ciudadanos una cultura de denuncia.
Cobo Terrazas sostuvo que México cuenta con leyes ambientales bastante buenas, incluso mejores a las de otros países de América Latina, sin embargo, el problema no radica en el marco jurídico sino en su aplicación. “Hoy la deforestación continúa porque no hay autoridad que haga valer el peso de la ley”, expresó en entrevista para Teorema Ambiental.
Disputa legal del capital biológico
El 2 de febrero de 2007 el Congreso de la Unión revirtió las modificaciones que en 2004 permitieron la remoción de manglar a cambio de una compensación, adicionando el artículo 60 Ter a la LGVS.
Después de esta última modificación aprobada por mayoría en el Congreso, surgieron los descontentos por parte de los sectores turístico e inmobiliario, que debaten sobre el carácter prohibitivo de la ley argumentando que afecta el desarrollo turístico y económico del país.
De tal forma que ya existe una iniciativa de parte del senador priísta Mario López Valdez, que propone reformar de nueva cuenta el artículo 60 Ter de la LGVS para eliminar su carácter prohibitivo y permitir la remoción de manglar siempre y cuando “no se afecte de manera considerable su integridad”.
De acuerdo con su propuesta, el nuevo artículo afecta directamente al sector turístico impidiendo que los desarrolladores tengan seguridad y certeza jurídica para realizar inversiones en playas mexicanas. Además de que su entrada en vigor afecta la esfera de los propietarios que en sus terrenos tienen extensiones de manglar, porque no les permite gozar libremente de sus derechos de propiedad establecidos en el Artículo Primero Constitucional.
“El objeto de esta iniciativa no es echar abajo la reforma, sino buscar y encontrar la forma de que la protección al medio ambiente, en este caso de los manglares, y el desarrollo económico caminen de la mano, coexistiendo en armonía sin que uno sea obstáculo del otro”, explicó el senador priísta en su documento.
Por su parte el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, puntualizó que no se perjudica a la industria turística como se pretende hacer creer, “el verdadero negocio que se está afectando es el inmobiliario, un negocio redondo que deja grandes ganancias, porque compra a 10 pesos el metro cuadrado de manglar, lo rellena, construye y lo vende a 1,500 o tres mil dólares el metro cuadrado”.
Por lo tanto está seguro de que no se puede regular algo que se encuentra en franco peligro de extinción, “no estamos dispuestos a perder el patrimonio que es de todos en manos de dos o tres personas que controlan el negocio inmobiliario en las costas de nuestro país.”
Lo que dice la Ley General de Vida Silvestre:
“Artículo 60 Ter.— Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción o refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.
Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar”.
Manglar, riqueza a la baja:
• En el año 1976 México contaba con 1,041,267 ha de manglar, pero en 2000 dicha cantidad se redujo a 880 mil ha aproximadamente. Lo que representó una pérdida de 2.5 por ciento anual durante ese periodo. (Dirección General de Investigación de Ordenamiento Ecológico y Conservación de los Ecosistemas-INE.)
• Cifras oficiales aseguran que se pierden nueve mil ha de manglar al año.
Los manglares son un ecosistema fundamental para las costas desde el punto de vista biológico, económico y social, que aportan servicios ambientales como:
• Disminuyen la fuerza de los vientos, las olas y las corrientes marinas ayudando a proteger tierra adentro de los efectos nocivos de tormentas, ciclones y huracanes.
• Mantienen la calidad del agua al funcionar como filtros purificadores, de hecho, se ha comprobado que pueden eliminar hasta un 90 por ciento de la materia orgánica disuelta en sus aguas.
• Dan albergue a una gran cantidad de especies de peces y crustáceos; de tal forma que 90 por ciento de las pesquerías del Golfo de México dependen de los manglares en alguna etapa de su ciclo de vida.
• El manglar en términos económicos representa para el país 204 dólares por hectárea.
• Y finalmente es un recurso difícil de recompensar, porque además de que tarda más de 10 años en crecer, no hay una técnica disponible para replantarlo de manera exitosa.
