En las áreas forestales de México habitan 13.5 millones de personas, repartidas en 23 mil 111 ejidos, comunidades y 43 etnias, que se caracterizan por sus altos índices de marginación y pobreza
Ciudad de México.— Durante la inauguración del Foro Competitividad Forestal y Presupuesto, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Ninfa Clara Salinas Sada (PVEM), señaló que México necesita una política forestal integral que frene el deterioro de selvas y bosques.
La legisladora dijo que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), anualmente se deforestan al menos 7.2 millones de hectáreas en el mundo.
Dentro de los procesos de la deforestación, explicó, en las últimas dos décadas se ha registrado el mayor volumen de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
“La deforestación, degradación e incendios forestales impactan los ecosistemas, lo que hace necesario identificar los requerimientos del sector forestal para consolidar políticas y estrategias que preserven nuestros bosques”, reiteró.
Al señalar que en las áreas forestales de México habitan 13.5 millones de personas, repartidas en 23 mil 111 ejidos, comunidades y 43 etnias, que se caracterizan por sus altos índices de marginación y pobreza, la legisladora recomendó realizar una labor conjunta entre el sector industrial, gobierno y sociedad para integrar a esta población en el impulso del sector forestal.
“Buscamos que este foro facilite el proceso de comunicación que nos permita consolidar un sistema jurídico que fortalezca la implementación de políticas en beneficio del medio ambiente y del país”, finalizó.
En tanto, el presidente de la Comisión Especial de la Cuenca del Sistema Cutzamala, José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), se manifestó a favor de que el Estado, productores, industriales, académicos y organizaciones promuevan condiciones viables de manejo y conservación de las aéreas forestales, con una estrategia que incluya incentivos fiscales, acceso al financiamiento y a la inversión pública.
Afirmó que el sector forestal mexicano se ve drásticamente afectado por la apertura comercial, que es sensible al impacto de las importaciones de varios países que en la actualidad cubren más de la mitad de la demanda nacional de madera y papel.
Agregó que la política comercial mexicana tiene que contribuir en la creación de un entorno económico en el que los productos forestales mexicanos resulten más competitivos frente a los de importación.
En su participación, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Rafael Elvira Quesada, advirtió que la sequía afecta a casi 55 por ciento de la superficie del país, por lo que muchas zonas agrícolas y ganaderas ya no son factibles para producir.
Ante ello, añadió, es necesario un cambio de uso de suelo. “Nosotros proponemos que se incremente el Programa de Empleo Temporal, la inversión en la reconversión de áreas que se dedican a la agricultura o ganadería, para hacer más productiva a la tierra y recuperar los ecosistemas”, dijo.
Señaló que “con 100 millones de pesos se lograría reconvertir un millón de hectáreas a su uso y vocación original”.
Sostuvo que se requieren apoyos específicos presupuestales por 180 millones de pesos para inducir la paz social en comunidades en conflicto por predios y lo que producen.
Además, se necesitan 300 millones de pesos para apoyar a los dueños de los bosques que envían el vital líquido a las ciudades, y un porcentaje del presupuesto para fortalecer la capacidad de combate de incendios forestales.
Respecto al problema de corta, tumba y quema, señaló que si se asignan 245 millones de pesos, en cinco años se podrá proteger un millón de hectáreas; mientras que con mil millones se reduciría la superficie afectada en 3.9 millones de hectáreas. Con ello México ahorraría una gran cantidad de dinero en incendios forestales y reduciría la cantidad de emisiones contaminantes anuales.
A su vez, el director general de la Comisión Nacional Forestal, Juan Manuel Torres Rojo, dijo que en México alrededor de 80 por ciento de los aserraderos son de propiedad privada y el resto de propiedad comunal, “por lo que es necesario impulsar el sector en los ejidos, ya que es un importantísimo detonador de la actividad económica para las comunidades”.
Fuente: Redacción Teorema Ambiental