Informes de científicos advierten que un tercio del territorio español podría convertirse en desierto en los próximos años
Los grandes caudales de ríos como el Ebro, el Tajo y el Guadalquivir en España han ido desapareciendo; con el paso de los años, debido a la falta de agua, los embalses han visto reducida su capacidad total en más del 60 por ciento.
Por todo el país existen decenas de puentes que se alzan sobre pequeños ríos que han dejado de existir.
Según informes especializados, un tercio de España (160 mil kilómetros cuadrados) corre el riesgo de convertirse en desierto en los próximos años. En regiones como Murcia, Valencia y Canarias el riesgo de desertización afecta ya al 100 por ciento del territorio.
La mala gestión del agua ha sido una característica de los sucesivos gobiernos españoles.
La falta de previsión, el crecimiento urbano desordenado y la ausencia de un plan hidrológico nacional, han agravado el proceso de desertización que sufre el país ibérico desde hace por lo menos un siglo.
La mayoría de los expertos coinciden al señalar que la sequía es un fenómeno inevitable, debido entre otras causas al recalentamiento del planeta.
Por ello, según los especialistas, lo que el gobierno debe hacer es racionalizar el acceso a los recursos acuíferos y regular la demanda ciudadana mediante el fomento de una cultura del ahorro.
En la mayoría de los casos, las autoridades no sólo no limitan el uso diario del agua sino que se dedican a incrementar su oferta.
“La construcción de nuevas desaladoras y el aumento de trasvases y del número de embalses constituyen un profundo error. El gobierno tiene que abandonar esa estrategia de la oferta y apostar por un mayor control de la demanda, por la eliminación de regadíos ilegales, por un uso racional de las aguas subterráneas. Además, se tiene que impedir la construcción de nuevas urbanizaciones y campos de golf en aquellas zonas donde escasea el agua. La demanda siempre va a superar a la oferta y por ello es necesario invertir el proceso”, señala Julia Martínez, investigadora de la Universidad de Murcia y especialista en temas ecológicos.
“El verdadero problema es el excesivo aumento de la demanda de agua, un consumo desmedido e insostenible. En algunas zonas del sur de España hay un desorbitado incremento del regadío y un excesivo aumento de las urbanizaciones y los campos de golf. Es algo irresponsable porque ni siquiera hay garantías de que el agua potable vaya a llegar a esas nuevas urbanizaciones. Tiene que darse una moratoria en la construcción de nuevas urbanizaciones y campos de golf y también debe eliminarse totalmente el uso ilegal del agua”, agrega la experta.
A pesar de la gravedad del problema no existe en España una verdadera cultura de ahorro del agua. Bajo el lema “Cada gota cuenta”, las autoridades llevan a cabo en todos los medios de comunicación continuas campañas de concienciación contra el despilfarro, pero lo cierto es que la mayoría de la población malgasta habitualmente el líquido y las albercas, y los campos de golf, que consumen grandes cantidades de agua, siguen incrementándose en territorio ibérico con la excusa de que son un buen reclamo para el turismo.
Muchos extranjeros que adquieren propiedades en el sureste de España, la zona más afectada por la sequía, se ven obligados a comprar agua embotellada ya que los recursos acuíferos de la región son insuficientes para abastecer a los nuevos fraccionamientos durante todo el año.
La existencia en España de un lucrativo mercado negro del agua agrava todavía más la situación. Según la organización ecologista ADENA, cada año se roba de las reservas ibéricas una cantidad suficiente para abastecer a casi 60 millones de personas, un número que supera en 15 millones la actual población hispana.
El agua se extrae clandestinamente de medio millón de pozos ilegales repartidos por el país ibérico y se emplea fundamentalmente en propiedades privadas y en los sectores turístico y agrícola. Esta sobreexplotación de los mantos acuíferos amenaza también seriamente a las reservas subterráneas españolas.
El Ministerio del Medio Ambiente tiene previsto invertir desde 2005 hasta 2008 un total de 100 millones de dólares para mitigar los efectos de la desertización.
Además, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero prevé la construcción de una nueva planta desalinizadora en el sureste de España, la implantación en zonas afectadas de una cubierta vegetal protectora que tolere mejor la aridez extrema, el aumento del número de embalses y la restauración de la calidad ambiental de los ríos de España.
Las medidas de las autoridades, algunas de las cuales están siendo cuestionadas por los especialistas debido a que estimulan la demanda, parecen insuficientes ante la fuerte sequía que el país ibérico padece por segundo año consecutivo. Si no llegan las lluvias en el otoño, 2006 podría convertirse en el año más seco del último siglo.
Fuente: Reforma
