Por Carlos Álvarez Flores*
El pasado 19 de mayo, nuestra organización ambientalista, México, Comunicación y Ambiente, AC, presentó una Denuncia Popular ante la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco en contra de Ramón Demetrio Guerrero Martínez, presidente municipal de Puerto Vallarta, Jalisco; Guillermo Salcedo Contreras, director de Servicios Municipales; Francisco Altamirano González, director general de Ecología y Ordenamiento Territorial, y Luis Fernando González Guevara, director de Medio Ambiente y Ecología del ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco.
Esta denuncia fue presentada por la gran irresponsabilidad de los mencionados funcionarios estatales al permitir que se sigan tirando más de 230 mil toneladas de residuos sólidos urbanos recolectadas en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, desde el año 2013, y vertidas a cielo abierto en un predio denominado Basurero de El Gavilán, de aproximadamente ocho hectáreas ubicado en la ranchería El Colorado, CP 48265, en Puerto Vallarta, Jalisco. Coordenadas: Latitud 20º 45’ 43.16” N y Longitud 105º 8’ 10.44” O.
Este sitio, por orden judicial, debió cesar su operación desde septiembre de 2012. No obstante la instrucción judicial del órgano colegiado, el nuevo alcalde de Puerto Vallarta, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, giró instrucciones para que se siguieran depositando en el tiradero a cielo abierto denominado El Gavilán, las 400 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos que se recolectan diariamente en dicho ayuntamiento, en claro desacato a la orden judicial.
Evidentemente, este sitio no cuenta con las autorizaciones en materia de impacto ambiental, que regula la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco.
Además este tiradero está violando flagrantemente la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 al tener miles de toneladas de residuos sólidos urbanos a cielo abierto, sin control adecuado del biogás y mucho menos de los lixiviados que se producen en el sitio, lo cual contamina el suelo, subsuelo y seguramente el acuífero superficial de la zona. Todo ello contraviene los ordenamientos jurídico-administrativos señalados en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco vigente, así como lo expuesto en la Ley General de Cambio Climático vigente, que nos obliga a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como son dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4) que se producen diariamente en este sitio. Además de la contaminación organoléptica que afecta diariamente a los vecinos de la ranchería El Colorado.
Estos hechos demuestran un cínico desacato y desafío a la autoridad ambiental estatal representada en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco.
Nuestra denuncia exige a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco que además de reparar los daños ambientales al suelo, subsuelo y probablemente al acuífero superficial de la zona, generado en este sitio, el tiradero El Gavilán sea clausurado total y definitivamente de manera urgente, de acuerdo con el Artículo 144, fracción I, de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, vigente, para evitar que se sigan tirando 400 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos recolectados en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.
También exigimos que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente dé vista al Ministerio Público Federal, adscrito a la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de Jalisco, a fin de que inicie la averiguación previa correspondiente, para deslindar a Ramón Demetrio Guerrero Martínez, presidente municipal; Guillermo Salcedo Contreras, director de Servicios Municipales; Francisco Altamirano González, director general de Ecología y Ordenamiento Territorial, por los presuntos delitos ambientales federales que a nuestro juicio han cometido en este sitio, contemplados en el Artículo 416 del Código Penal Federal, que a la letra dice: Artículo 416.— Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días (de salario mínimo vigente en la zona) multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.
Queremos que estos funcionarios irresponsables del ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, vayan a la cárcel por los graves delitos ambientales que han generado en el tiradero El Gavilán.
* Presidente de México, Comunicación y Ambiente, AC
