(Parte 2) – (Parte 1)
Por Hernán Sorhuet Gelós
Uruguay.— Ya habíamos comentado nuestras discrepancias con la creación de un nuevo organismo estatal dependiente de la Presidencia de la República denominado Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático.
Entre las diversas explicaciones dadas por voceros oficiales algunas resultaron muy curiosas como que por falta de dinero en estos momentos, en lugar de crear un ministerio con esas potestades específicas —que según se dijo es la intención de fondo del gobierno— se optó por una secretaría nacional en la órbita presidencial para luego, en un futuro, sí transformarla en una secretaría de Estado.
Transcurridos seis meses de su creación, el pasado 6 de junio se reglamentó su constitución, objetivo, competencias y funcionamiento. Lo llamativo de esta norma es que se la presenta como el decreto de creación del Sistema Ambiental Nacional y el Gabinete Nacional Ambiental. Si bien es cierto, da la sensación de que el nacimiento de ambos instrumentos ocurre para justificar la creación de la Secretaría Nacional y no al revés, como se especifica en sus comentarios.
Cuando se creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), hace ya 26 años, era evidente que debía ser una cartera exclusiva para lo ambiental. Pero, hay que decirlo, darle al tema rango ministerial fue entonces un avance significativo que aplaudimos.
En lugar de modernizar, actualizar y fortalecer al MVOTMA —que es lo que se necesita— el gobierno crea una institución paralela, con jurisdicción en las mismas áreas (ambiente, agua y cambio climático) pero subordinada al presidente de la República. Algo al parecer muy conveniente para el partido de gobierno porque su desempeño queda fuera del control parlamentario, y además porque el jefe de Estado puede manejarlo directamente. Recordemos que durante su presidencia, Mujica declaró a los medios de comunicación su intención de trasladar a la Dirección Nacional de Medio Ambiente a Presidencia, cuando estaba impaciente porque no le daba el visto bueno ambiental al proyecto de megaminería en Uruguay.
Ahora tenemos, además del Ministerio, a la Secretaría Nacional de Ambiente, al Gabinete Nacional Ambiental y al Sistema Nacional Ambiental.
Los hechos demuestran que durante los 11 años de gobierno progresista en nuestro país la situación ambiental ha empeorado, con puntos muy altos y alarmantes como la grave contaminación de la cuenca del río Santa Lucía —principal abastecedora de agua potable de nuestra población—. Eso sí, aprovechando las mayorías parlamentarias que han tenido todo este tiempo, han aprobado leyes de todo tipo sin que haya discusión, como si plasmando en el papel muchas intenciones basta para que se materialicen.
Muchas veces nos hemos preguntado por qué si en la retórica oficial, practicada dentro y fuera de fronteras, se subraya tanto la importancia de la protección ambiental y la promoción del desarrollo sostenible, se ha descuidado y debilitado tanto a la cartera especializada en esos temas, como si fuera una molestia burocrática.
Quizás el discurso no refleje lo que realmente se piensa y se persigue.
Fuente: El País de Montevideo
