Transporte

Celebran avances de la primera Ley de Movilidad y Seguridad Vial

Anna Ferrer, directora del Consejo Iberoamericano de Movilidad Segura, destacó que la aprobación de una Ley de Seguridad Vial fue clave para terminar con las 10 mil muertes viales anuales que España registraba en 1990

Ciudad de México, 24 de mayo de 2021.— A 46 días de que se cumpla el plazo establecido en el Diario Oficial para que el Senado de la República dictamine la primera Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en México, la especialista en seguridad vial Anna Ferrer compartió los impresionantes avances en materia de seguridad vial que ha tenido España en la última década, al adoptar la reducción de velocidades a 30 km/h como un factor clave de la ley y las políticas públicas, durante el lanzamiento de la serie Un café por la seguridad vial, presentada por la Coalición Movilidad Segura y Punto Céntrico.

Anna Ferrer dirigió durante ocho años el Observatorio de Seguridad Vial del Ministerio del Interior de España y ahora está al mando del Consejo Iberoamericano Redux. La creadora del plan de movilidad implementado durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 destacó dos momentos clave que marcaron el cambio: “El primero, en los años noventa, cuando se aprobó la Ley de Seguridad Vial, que impuso la reducción de velocidad con el uso de radares y el carnet de conducir por puntos, además de 185 medidas de seguridad vial. Y el segundo en el 2000, cuando los expertos en materia de salud empezaron a meter el tema a los medios a raíz de graves accidentes que conmocionaron a la sociedad española.”

Ferrer consideró que la presión de la sociedad fue fundamental para lograr imponer cambios, aunque dijo “es un proceso lento, por eso es importante que persistan”. Un ejemplo de ello es la misma reducción de la velocidad a 30 km/h “que estuvo redactada diez años antes pero que nadie la había impulsado”. Fueron los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona lo que obligó a repensar el diseño vial de todo el país. “Es decir, comenzó a gestionarse la movilidad, no el tráfico.”

Enfatizó que la presión social es clave para sensibilizar a los políticos, con una sociedad civil informada con datos que eviten la politización de temas como la oposición a las ciclovías o las fotomultas para obtener votos. “Dar voz a los expertos y generar datos son los dos factores que rompen el estado del debate, de la opinión a la información. Esos argumentos científicos son los que hay que agotar.” Concluyó que “los países que han tenido mayores resultados en seguridad vial tienen toda una historia especializándose en generar datos que permitan planificar proyectos y leyes”.

La serie Un café por la seguridad vial presentará semanalmente charlas con expertos, legisladores, políticos y sociedad civil hasta mediados de junio, para acompañar con información de calidad todo el proceso de dictamen de la urgente Ley General de Movilidad y Seguridad Vial del país. Su lanzamiento se enmarca en las actividades de la Sexta Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial, que hace un llamado a las personas encargadas del desarrollo de políticas en todo el mundo a que actúen para limitar la velocidad en las calles donde las personas caminan, viven y juegan a un máximo de 30 km/h, para prevenir muertes y lesiones por accidentes de tráfico. En México, colectivos y organizaciones convocaron durante esta semana a caminatas infantiles y de personas vulnerables, activación de cruceros seguros, rodadas en memoria de las víctimas de siniestros viales, presentación de manuales ciclistas y un taller de seguridad vial para periodistas y medios de comunicación.

Areli Carreón, representante de la Coalición Movilidad Segura, conformada por 61 organizaciones de la sociedad civil y especialistas, con presencia en los 32 estados del país, recordó que el plazo constitucional para aprobar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial concluye el próximo 17 de junio de 2021. La Coalición reiteró el llamado a las y los legisladores para que se comprometan con una movilidad segura en el país dictaminando, aprobando e implementando la ley que salvará vidas y evitará altos costos a la población mexicana.

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