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COP26, hacia una transición climática con justicia social

Más allá de los impactos medioambientales, la crisis climática es ante todo una crisis social

Ciudad de México, 20 de septiembre de 2021.— Más allá de los impactos medioambientales, la crisis climática es ante todo una crisis social. La mayor frecuencia e intensidad de los eventos hidrometeorológicos extremos impactan en las personas, en sus medios de subsistencia y en los sistemas sociales de manera diferenciada, pues se distribuyen desigualmente entre países, sectores socioeconómicos y géneros.

En síntesis, el cambio climático exacerba las injusticias y la falta de equidad presentes en nuestra sociedad. Esta realidad debe ser reconocida y atendida adecuadamente. El combate al cambio climático debe ser abordado desde una perspectiva de justicia y equidad. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2019) reconoce que las consecuencias del incremento en la temperatura media global afectarán desproporcionadamente a las comunidades y personas históricamente marginadas, con especial impacto en mujeres, personas mayores y niñas.

La transición hacia la necesaria neutralidad de carbono (emisiones cero de gases de efecto invernadero) deberá ir de la mano de los esfuerzos por reducir las brechas actuales de bienestar entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Los pobres y las personas de bajos ingresos son mucho más vulnerables a los impactos del cambio climático pues carecen de los medios para defenderse o adaptarse a condiciones cada vez más hostiles a su alrededor.

Además de los impactos en mayor escala, también existe una desigualdad extrema en la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero producidas por diferentes estratos. El 1 por ciento más rico de la población genera el 15 por ciento de las emisiones mundiales. En contraste, el 50 por ciento más pobre emite menos del 10 por ciento de las emisiones globales.

De acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas, con un incremento de la temperatura media global de 2 ºC, entre 100 y 400 millones de personas adicionales podrían pasar hambre, y entre mil y dos mil millones de personas ya no tendrán suficiente agua para su consumo básico. Esto equivale a más de diez veces la población mexicana. La realidad es que incluso en un escenario de incremento menor a 1.5 °C, millones de personas enfrentarán inseguridad alimentaria, migración forzada, enfermedades y muerte prematura debido al cambio climático. ¿Qué significa justicia climática? En palabras de Mary Robinson… “pasar de un discurso sobre emisiones de gases de efecto invernadero y el deshielo, a un movimiento de derechos civiles que tenga como centro a las personas y comunidades más vulnerables a los impactos climáticos” (ONU, 2019).

La justicia climática, más que un concepto, es un movimiento que reconoce que el cambio climático impacta de manera diferenciada a las personas, comunidades y países. Además, reconoce que este problema puede agravar las injusticias ya existentes y que no todas las personas cuentan con igualdad de recursos y capacidades para hacerle frente. Por tanto, la justicia climática pone a las personas en el centro de las propuestas de mitigación y adaptación al cambio climático. En México las injusticias climáticas pueden verse desde múltiples ángulos y estar vinculadas tanto con la adaptación como con la mitigación.

El cambio climático ha llevado a comunidades a abandonar sus territorios por la ausencia de agua y alimento. El Banco Mundial (2018) estima que para 2050 entre 1.4 y dos millones de personas en México y Centroamérica habrán migrado por las condiciones climáticas. Cuando se habla de la necesidad de una acelerada transición energética, una de las tendencias exponenciales a escala mundial es la penetración de las energías renovables, especialmente la eólica y la solar. Sin embargo, en México todavía hay alrededor de 1.5 millones de personas que no cuentan con acceso al suministro de electricidad y se puede considerar que alrededor de cinco millones sufren de pobreza energética. Esto es, que cuentan con acceso a la electricidad, pero no tienen suficientes recursos para pagar por su consumo eléctrico asociado con la necesidad de enfriar o calentar su vivienda en zonas de climas extremos. Debemos garantizar que cuando se establezcan proyectos eólicos y solares en nuestro país, se respeten los derechos humanos y la voluntad de las comunidades propietarias de la tierra.

También se debe buscar maximizar los beneficios que reciben las familias participantes, desde un pago adecuado por los terrenos hasta asegurar que las poblaciones participantes cuentan con acceso a electricidad. El proyecto también debiera hacer inversiones para mejorar la infraestructura de las comunidades para mejorar su bienestar. La lucha contra las injusticias climáticas y sus impactos puede tomar muchas formas. Los recientes movimientos sociales, especialmente de jóvenes, han demostrado que esta lucha es también contra las injusticias de los impactos futuros. Lo importante es que hoy se reconozcan y atiendan estas desigualdades y se busque una transición hacia sistemas de transporte y de generación de energía sin emisiones de carbono pero que prioricen la justicia y la equidad social. En cuestión de movilidad, la infraestructura del transporte público eléctrico como los trolebuses, el metro y el cablebús en la Ciudad de México, son ejemplos virtuosos que atienden simultáneamente el cambio climático, la mejoría de la calidad del aire y la justicia social.

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