Legislación Ambiental

Organizaciones ambientalistas se defienden contra críticas de AMLO

Responden organizaciones de la sociedad civil, a las acusaciones efectuadas por el presidente en su contra en la conferencia mañanera del viernes 28 de agosto, sobre el Tren Maya

Teorema Ambiental/Redacción

Ciudad de México, 4 de septiembre de 2020.— En respuesta a las acusaciones realizadas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuervas, quienes denunciaron que las organizaciones civiles ambientalistas reciben fondos para atacar los proyectos del gobierno, como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas, un grupo de organizaciones internacionales negó categóricamente estas acusaciones.

Las organizaciones participantes en dicho comunicado son:

  • Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, AC
  • Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (Cemda)
  • Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible
  • Diálogo y Movimiento, AC
  • Indignación, AC
  • Fundación para el Debido Proceso Legal, AC

“Cualquier ciudadano que considere que un acto de autoridad viola sus derechos humanos, está en su derecho de ejercer una legítima defensa legal, ya sea de forma individual o colectiva. Estos y otros derechos están consagrados en la Constitución federal y son compromisos internacionales asumidos por México y frente a los cuales, esta administración tiene la obligación legal de cumplirlos y respetarlos.

“Los megaproyectos han explotado y destruido los territorios de los pueblos indígenas, reduciendo su autonomía, sus ecosistemas y el goce y disfrute de sus derechos humanos. Las personas y colectivos defensoras indígenas que se han opuesto a los megaproyectos han sido objeto de múltiples agresiones e intimidaciones que en algunos casos han llevado a su encarcelamiento y hasta su ejecución, como se ha documentado ampliamente”, agregaron.

Además reiteraron que la obra del Tren Maya “representa graves riesgos e impactos ambientales, sociales económicos y patrimoniales, como ha sido advertido por comunidades, académicos, organizaciones e incluso por instancias del mismo gobierno federal” y acusaron que la obra no fue decidida por comunidades mayas o de alguna otra etnia y que la consulta popular para su ejecución no cumplió con los estándares internacionales de derechos humanos.

“El mismo nombre busca apropiarse de la denominación cultural indígena del pueblo maya, con el propósito de hacerlo más amigable. Frente a estas violaciones de derechos humanos, han sido varias comunidades indígenas quienes, en ejercicio de su derecho a defender su territorio han decidido impugnar, con el acompañamiento de las organizaciones civiles, este proyecto.”

También señalaron que ante la situación, “el gobierno federal ha iniciado una campaña de deslegitimación del trabajo de las organizaciones civiles, a través de agresiones a organizaciones defensoras e indígenas, y recientemente, a través de una campaña mediática que pretende hacer ver la cooperación internacional como ilegal”.

Incluso, señalaron que la Fiscalía General de la República y otras instituciones han recibido el pasado 17 de agosto una denuncia en contra de organizaciones que han criticado el proyecto Tren Maya.

“Reiteramos que los amparos interpuestos en contra del proyecto Tren Maya por parte de personas indígenas de varias comunidades de la Península constituyen un camino dentro del marco institucional, para oponerse a un proyecto que viola los derechos humanos al territorio, un medio ambiente sano, al agua, al consentimiento libre, previo e informado, a la salud, a su vivienda, a su hábitat y a la vida”, puntualiza el documento.

El Cemda ha documentado más de 500 agresiones desde enero de 2012 hasta diciembre de 2019 y abunda que “en este contexto, lamentamos que la administración gubernamental actual criminalice el trabajo de las personas defensoras indígenas y de las organizaciones de la sociedad civil”.

Y finaliza: “Exigimos del presidente una disculpa pública por las agresiones directas dirigidas a las organizaciones civiles que hemos trabajado en defensa de los derechos humanos de todos y emitidas por él en su conferencia de prensa. Exigimos el respeto a las garantías a los derechos humanos de las personas defensoras, especialmente de quienes defienden su autonomía y libre determinación, su territorio, su medio ambiente y sus bienes naturales.

“En particular, solicitamos a la FGR el estricto apego al Estado de derecho y a los derechos humanos en las investigaciones que se hayan eventualmente comenzado en contra de las personas defensoras, sin que sean utilizadas como mecanismos de criminalización e intimidación.”

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