Energía

UE da nuevas normas para conseguir cuotas de CO2 gratuitas a centrales eléctricas

A partir de 2013 el sector eléctrico deberá, como regla general, adquirir la totalidad de sus permisos de emisión en subasta

Bruselas.— La Unión Europea ha dado luz verde a las nuevas normas que deben seguir los países de la ampliación a la hora de conceder permisos de emisión de dióxido de carbono (CO2) gratuitos a las centrales eléctricas a partir de 2013 tras su adopción formal el pasado miércoles por la Comisión Europea luego de recibir el visto bueno de los Veintisiete y del Parlamento Europeo previamente.

Según la legislación comunitaria, a partir de 2013 el sector eléctrico deberá, como regla general, adquirir la totalidad de sus permisos de emisión en subasta. No obstante, se prevé una excepción para diez países (Polonia, Bulgaria, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Rumania) en los que el sector eléctrico es más dependiente del carbón, y que podrán adjudicar gratis parte de las cuotas hasta 2019.

Los permisos gratuitos sólo podrán darse de acuerdo con las nuevas reglas a las plantas eléctricas que estuvieran en marcha, o para las que el proceso de inversión se hubiera iniciado físicamente, el 31 de diciembre de 2008. En principio, el uso de esta derogación no se permite para las plantas nuevas para evitar distorsiones de competencia en el mercado eléctrico europeo.

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace ha denunciado que Polonia, uno de los Estados miembros más dependientes del carbón, intenta aprovechar el sistema para las nuevas centrales construidas después de 2008, que según la legislación comunitaria no deberían beneficiarse de esta excepción.

Según denuncia Greenpeace, Polonia pretende conceder derechos de emisión gratis a todas las plantas para las que se habían iniciado trabajos preparatorios antes de la fecha límite, incluso aunque no hubiera permiso de construcción.

Los países que pretendan dar cuotas gratis a centrales eléctricas deberán presentar una solicitud a la Comisión antes del 30 de septiembre de 2011. Bruselas tendrá un plazo de seis meses para decidir si la acepta o la rechaza. Y se encargará de garantizar, según ha anunciado, que las derogaciones no pongan en riesgo el objetivo de reducir un 20 por ciento las emisiones de CO2 de aquí a 2020 ni sean incompatibles con las normas de la UE sobre ayudas públicas o mercado interior.

Fuente: La Voz Libre

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