Biodiversidad

AZCARM busca incrementar penas para traficantes de especies

El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México informó que durante 2020 los decomisos de especies silvestres crecieron más de 1000%

Teorema Ambiental/Redacción

Ciudad de México, 4 de diciembre de 2020.— El decomiso de ejemplares de fauna silvestre en nuestro país se incrementó al menos mil por ciento este 2020 en relación con el año anterior, lo que significa que el delito de tráfico ilegal de vida silvestre va en grave ascenso. Ante este severo problema ambiental y de salud pública, el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta, informó que presentarán una iniciativa para incrementar las penas para los traficantes de vida silvestre.

El vocero indicó que el hecho de que los animales silvestres sean sustraídos de su hábitat natural, maltratados y comercializados ilegalmente, representa ya la segunda causa más importante de extinción de especies en el mundo y el principal factor de transmisión de enfermedades zoonóticas, padecimientos que representan el 75 por ciento de todas las enfermedades infecciosas emergentes, incluyendo la que causó la pandemia de covid-19.

“México es uno de los países con mayor tráfico de especies de vida silvestre en el mundo por tres razones: Por ser uno de los países con mayor diversidad de especies en todo el planeta, aquí podemos encontrar el 12 por ciento de la biodiversidad de toda la Tierra; por nuestra situación geográfica que permite fácil conexión y comunicación con diversos países y continentes; y por las redes de corrupción y la falta de herramientas jurídicas y de recursos para combatir este delito.”

“Y es que mientras en el 2018 la Procuraduría Federal de Medio Ambiente (Profepa) tuvo un presupuesto de mil millones de pesos, para este año, en el que estamos atravesando una emergencia ambiental y sanitaria, obtuvo menos de 800 millones”, precisó.

Respecto a los decomisos de fauna silvestre, el presidente de la AZCARM recordó que en mayo de 2020 la Profepa aseguró en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), 15 mil ejemplares de tortuga; en septiembre decomisó 383 ejemplares de psitácidos (loros) en Chiapas; y la semana pasada en la alcaldía Iztapalapa la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional decomisaron 15 mil 785 animales silvestres. Tan solo con estos tres operativos suman 31 mil 168 ejemplares decomisados, lo que representa un incremento superior a mil por ciento en relación con 2019.

“Estas cifras revelan el gravísimo incremento de este delito en nuestro país, pero mientras no haya herramientas jurídicas y judiciales para castigarlo, no solo no se abatirá sino que seguirá creciendo y provocando: una mayor y más acelerada extinción de especies, más enfermedades zoonóticas, más recursos ilícitos para el extranjero y menos aprovechamiento sustentable de especies para las comunidades rurales e indígenas de nuestro país, miles de personas viven de ello.”

Por ello, informó que en los próximos días presentará en la Cámara de Diputados una iniciativa para homologar las sanciones previstas en el Código Penal Federal y en la Ley General de Vida Silvestre para intensificar así las penas para los traficantes de animales y disuadir la comisión de este delito.

“¿Qué sucede actualmente? Existe una discrepancia sobre lo que se consideran infracciones para la Ley General de Vida Silvestre y el Código Penal Federal en materia de fauna silvestre. La Ley atribuye dichas conductas principalmente a cometer actos en el manejo de vida silvestre sin contar con la autorización correspondiente o al violar disposiciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES). Asimismo, las sanciones que establece son únicamente de carácter administrativo y además en la mayoría de los casos pueden ser perdonadas mediante trabajo comunitario.”

“Lo que buscaremos nosotros es la homologación de las sanciones previstas en ambos ordenamientos, con una reforma al artículo 123 de la Ley General de Vida Silvestre para eliminar la posibilidad de que las sanciones puedan ser conmutadas y que las autoridades puedan hacerse de la vista gorda ante este grave delito y dejar a los traficantes rápidamente libres y sin sanciones como sucede actualmente. Porque así como está la ley en nuestro país, está hecha para favorecer este delito, si no, que alguien nos diga cuántos traficantes de animales silvestres están en la cárcel a pesar de que se han decomisado miles de ejemplares y del enorme daño que le están haciendo a la biodiversidad y a la humanidad.”

La ONU en su Informe mundial sobre los delitos contra la vida silvestre 2020, instruye a que todos los países hagan más sólido su sistema jurídico y judicial para castigar el tráfico de vida silvestre que hoy está provocando la sexta extinción masiva de especies, y que nos tiene en una pandemia que ha durado casi un año cobrando la vida de un millón y medio de personas en todo el mundo y más de 106 mil personas en nuestro país.

Las especies que más se comercializan ilegalmente en México son aves, reptiles, monos y felinos. Entre ellas destacan los loros, el perico cabeza amarilla, la guacamaya roja, la guacamaya verde, el tucán pecho amarillo, el mono araña, el mono aullador, el mono capuchino, la tarántula rodillas rojas, las tortugas, la iguana negra, la iguana verde, la aguililla cola roja, el águila real, la víbora de cascabel, el halcón de Harris, el ocelote, el tigrillo, el tigre, el yaguarundí, el pez totoaba y el caballito de mar.

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