Desde mediados de julio surgió una escalada de protestas de productores chihuahuenses quienes aseguran que no quedará agua para la próxima temporada de cultivo
Teorema Ambiental/Redacción
Ciudad de México, 14 de septiembre de 2020.- La semana pasada crecieron las protestas en el norte de Chihuahua, por la liberación de aguas de la presa Francisco I. Madero para abastecer al embalse Luis L. León, con lo que el gobierno mexicano intenta cumplir con un tratado internacional con EEUU sobre el uso equitativo de aguas del río Bravo.
Esta determinación provocó que desde mediados de julio surgiera una escalada de protestas de productores chihuahuenses quienes aseguran que no quedará agua para la próxima temporada de cultivo y no habrá viabilidad para sus cosechas.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López aseguró que en las protestas existe un interés político comandado por líderes opositores locales, por lo que se envió a la Guardia Nacional para que el acuerdo con Estados Unidos sea cumplido. Sin embargo, el enfrentamiento provocó la muerte de dos productores: Jessica Silva y su esposo Jaime Torres, por lo que 17 elementos de la Guardia Nacional fueron puestos a disposición de la fiscalía chihuahuense.
Antecedentes
El Tratado de Aguas de 1944, establece que México asigna a EEUU la tercera parte del agua que llegue a la corriente principal del río Bravo proveniente de los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y del Arroyo de las Vacas. La cantidad mínima es de 432 millones de metros cúbicos (Mm³) anuales, contabilizados en ciclos de cinco años, antes del 24 de octubre, para ello debe liberar agua de las presas La Amistad en Coahuila y Falcón en Tamaulipas.
Mientras que EEUU debe entregar mil 850 Mm³ anuales de agua a México provenientes del río Colorado retenidos en la Presa Imperial en California. Es decir, México recibe más de cuatro veces la cantidad de agua que aporta a la nación norteamericana.
Sin embargo, México está atrasado en su entrega de agua de años anteriores y debe cancelarla rápidamente, pues el gobierno estadounidense envió una nota diplomática durante el mes de julio, solicitando este pago. Con este aviso, el gobierno federal quiere cumplir y evitar que EEUU amague con renegociar el tratado.
“No es posible postergar el cumplimiento debido a que el ciclo anterior, que concluyó en 2015, cerró con un retraso, lo cual no puede ocurrir en dos ocasiones consecutivas”, argumenta la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Con la ampliación de las cosechas, México ha utilizado el 71 por ciento de las aguas del río Conchos, que fluye hacia el norte, aunque el tratado le permite usar solo el 62 por ciento de su caudal y dejar que el resto fluya al río Bravo, mientras que los productores en Chihuahua quieren el agua para sus propios cultivos.
La Conagua reportó que ya entregó, al 100 por ciento, el volumen autorizado a las presas Francisco I. Madero (Las Vírgenes) y Luis L. León (El Granero) al 24 de agosto. Con ello está garantizada el agua para riego en ese estado. Sin embargo, reconoció un pendiente por 105 millones 897 mil millones de los 962.7 millones de metros cúbicos que el Comité Nacional de Grandes Presas (CNGP) dispuso se canalizara de la presa La Boquilla al Distrito de Riego 005.
Protestas
A partir del 4 de febrero, el gobierno federal envió a la Guardia Nacional para que fuera evitada la toma de la presa La Boquilla, ubicada en el cauce del río Conchos en el municipio de San Francisco de Conchos, Chihuahua; pero unos 500 agricultores de esta localidad, así como de Camargo, los hicieron retroceder, con la intención de impedir que la Conagua liberara el agua.
En ese momento, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que no había suficiente agua para los agricultores y los pagos, y que exigiría una explicación a la Guardia Nacional por confrontar a los campesinos, mientras el presidente aseguró que era un tema de politiquería por parte de los manifestantes, porque habían participado los alcaldes de los municipios de San Francisco de Conchos, Jaime Ramírez, y Camargo, Arturo Zubía, además de diputados panistas locales.
Campesinos y agricultores de Chihuahua acudieron el pasado 19 de julio a la presa Las Vírgenes, para evitar que siguiera la extracción del agua y no se reabasteciera la presa El Granero, pero en el lugar ya había personal de la Guardia Nacional, quienes dispararon balas de goma y gases lacrimógenos a los manifestantes, de acuerdo con videos grabados del momento, mientras la Conagua reiteraba que no peligraba la disponibilidad de agua para actividades agrícolas.
Por ello, el organismo federal reiteró que se debía cumplir el tratado de 1944 y explicó que el Comité Nacional de Grandes Presas (CNGP) consideró que debían efectuarse maniobras de extracción o desfogues de control en la presa Francisco I. Madero (Las Vírgenes) “para alcanzar los niveles de seguridad requeridos y contar con un margen adecuado para el manejo de los posibles escurrimientos”.
El pasado domingo 6 de septiembre la Conagua abrió la válvula de la presa La Boquilla, cerca de Delicias, Chihuahua. Mientras agricultores locales acudieron al sitio para interrumpir la acción, pero fueron repelidos y protestaron frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde fueron apoyados por el gobernador Corral.
Para el martes 8, los pobladores organizaron una caravana hasta la presa La Boquilla, con el objetivo de entrar por la fuerza y cerrar las llaves de desfogue. En las puertas de la presa, pidieron acceso a la Guardia Nacional, y luego intentaron derribarla.
Posteriormente empezó un enfrentamiento físico, con detonaciones de gas pimienta, mientras los manifestantes usaron palos para defenderse. Lograron cerrar la válvula y pidieron a las comunidades locales delegar guardias y controlar el acceso al sitio.
Tras el enfrentamiento, la Guardia Nacional se retiró del lugar. Unas cuatro horas después, dos personas fueron asesinadas, presuntamente como represalia.
Mario Mata Carrasco, diputado federal panista, afirmó que testigos en la zona aseguraron que los productores Jaime Torres y Yesica Silva fueron seguidos por elementos de la Guardia Nacional luego de haber participado en las protestas y que los uniformados los asesinaron, sin que estuvieran armados.
Sobre estos hechos, la Guardia Nacional informó que detuvo a tres personas que portaban gas lacrimógeno y un cargador para arma de fuego; posteriormente, cuando los trasladaban a la ciudad de Delicias, fueron interceptados en la Derivadora Andrew Weiss, por civiles armados en varios vehículos quienes abrieron fuego, por lo que repelieron la agresión. En el reconocimiento localizó a una persona fallecida en un vehículo y otra herida que murió más tarde.
Los reportes oficiales indican que en la presa hubo agresiones entre ambas partes; y “grupos de agitación” repartieron cientos de palos, bebidas alcohólicas, así como el uso de bombas molotov. Ante ello, la Guardia Nacional decidió replegarse para evitar episodios de violencia.
Los alcaldes de Delicias y de Meoqui, Ismael Pérez y Eliseo Compeán, respectivamente, ambos de filiación panista, acusaron a la Guardia Nacional de ejecuciones arbitrarias. Mientras que Javier Corral exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que fueran investigados los hechos.
Mientras que manifestantes bloquearon el acceso del 66 Batallón de Infantería de Delicias. Además del plantón de los productores agrícolas frente a La Boquilla donde exigen que la muerte de sus compañeros no quede impune.
El presidente lamentó los hechos y mantiene su argumento de que estas protestas tienen intereses político-electorales y aseguró que el comandante de la Guardia Nacional en Chihuahua actuó bien y llegó a un acuerdo para desarmar a manifestantes.
“Desde luego que se van a deslindar responsabilidades, desde ayer lo dije, se va a hacer la investigación. Lo que ya sabemos, y no es nuevo, es que estaban utilizando este asunto del agua con propósitos políticos-electorales y también porque existen intereses creados en el control y manejo del agua”, indicó.
Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) culpó a políticos y líderes agrícolas de incitar a la violencia contra los elementos de la Guardia Nacional y mostró imágenes donde se observa entre los contingentes al priista José Ramírez Carrasco, alcalde de San Francisco de Conchos; al morenista José Francisco Ramírez Licón, alcalde de Rosales; Salvador Alcántar, líder de la Aurech; así como a dos exgobernadores, José Reyes Baeza y a Fernando Baeza Terrazas, entre otros.
Finalmente, Didier Peralta, coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, afirmó que 17 agentes de la Guardia Nacional fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para que respondan por la muerte de la pareja de productores agrícolas. Un caso que, afirmó, será juzgado por un tribunal civil. Además dijo que se entregaron vehículos y armamentos involucrados.
Robo de agua
Otro problema que ha sido denunciado por los productores es que grandes volúmenes de agua son robados de las presas para abastecer cultivos particulares ilegales. En febrero, algunos diputados panistas mencionaron que esta agua que pretenden liberar será vendida a empresarios de Nuevo León y Tamaulipas, “lo que demuestra que para el gobierno de la 4T primero son los ricos”, argumentaron.
El 6 de abril el diputado Mario Mata informó que en la apertura de las compuertas de la presa La Boquilla, Chihuahua perdió mil millones de metros cúbicos de agua, por lo que dijo que fue un acto engañoso del gobierno federal, pues bajo el argumento de cumplir con el tratado con EEUU, viola el pacto al que había llegado con los productores.
Durante el mes de junio, el presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (Aurech), Salvador Alcántar Ortega, denunció públicamente que sigue la extracción masiva y desmedida de agua de la presa Luis L. León, mejor conocida como “El Granero”, lo cual puso en situación crítica a dicho cuerpo de agua.
Mario Mata comentó que actualmente cuenta con dos amparos para obligar a bajar la extracción de la presa El Granero, mientras que la Aurech tiene otros cinco, y refirió que México no tiene adeudo pendiente de agua con EEUU y que el próximo pago se tiene que hacer hasta el mes de octubre para liquidarlo.
En este mismo sentido, el diputado federal Heraclio “Yako” Rodríguez dijo que la Conagua realizará estudios para medir la profundidad de mares, ríos y presas, para saber cuánta agua tiene realmente la presa El Granero, ubicada en el municipio de Aldama.
El 22 de junio mencionaron que la presa El Granero seguía vaciándose a 22 metros cúbicos por segundo. A finales de ese mismo mes, Salvador Alcántar declaró: “nosotros hicimos un amparo para que se realizara el cierre de las compuertas de la presa El Granero y salió favorable a nosotros, pero Conagua impugnó”.
Actualmente la presa El Granero está al 38 por ciento de su capacidad, lo que representa 111.66 millones de metros cúbicos, siendo la más afectada por la extracción del vital líquido, desde el 1 de marzo, inicio del ciclo agrícola, se le ha vaciado casi el 41 por ciento, ya que contaba con el 79 por ciento de su totalidad, según el Sistema Nacional de Información del Agua, dependiente de Conagua.
