Transporte

WRI detecta vulnerabilidades del transporte público durante contingencia

Es el medio que utiliza cerca del 40 por ciento de las mexicanas y los mexicanos, y del cual dependen más de 160 mil empleos, principalmente de conductores de unidades de transporte

Teorema Ambiental/Redacción

Ciudad de México, 16 de abril de 2020.— Ante la declaratoria de emergencia sanitaria en México, el sector del transporte público colectivo efectúa esfuerzos de prevención del contagio y mantener la capacidad de operación para facilitar la realización de actividades esenciales para superar la emergencia sanitaria: médicas, industria de alimentos y enseres domésticos, entre otras, así como para el traslado asequible, seguro y eficiente de los trabajadores.

Sin embargo, el escenario adverso compromete su sostenibilidad financiera y la seguridad laboral de los empleos del sector, no solo durante la época de contingencia sino hacia el futuro.

Por ello, el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), en su calidad de secretaría técnica de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) y con el apoyo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), realizaron un análisis para dimensionar el impacto social, económico y financiero de la emergencia sanitaria en el sector.

Este estudio de impactos utilizó datos aportados por algunas autoridades de movilidad, lo que permitió contar con una muestra de información de ciudades mexicanas de 13 estados de diferentes regiones del país, tamaños y características de sus sistemas de transporte público colectivo.

El transporte público colectivo es el medio que utiliza cerca del 40 por ciento de mexicanos (unos 50 millones de personas), del cual dependen más de 160 mil empleos (principalmente de conductores de unidades de transporte), y que representa la actividad económica de personas físicas, pequeños y medianos empresarios y cooperativas, las cuales se estima que constituyen el 75 por ciento de la organización del sector.

Múltiples sistemas de transporte público colectivo han implementado medidas de higienización, esfuerzos para generar viajes con sana distancia y otras medidas que ayuden a evitar la propagación del virus, como la protección del personal operativo más vulnerable. Sin embargo, el sector y los usuarios enfrentan crecientes retos y riesgos que es indispensable atender.

El transporte público colectivo es usado por hogares que acumulan ingresos mensuales menores a los siete mil pesos, y parte de la reducción en la demanda y en los ingresos de los transportistas ha ocurrido por miedo al contagio al interior del transporte público.

Se estima que el 38 por ciento de las personas que han cambiado su modo de transporte durante la emergencia sanitaria ha aumentado su gasto en el doble o más, por el cambio de modo, lo que afecta el ingreso disponible de la población que necesita realizar desplazamientos para la atención de sus necesidades básicas e incrementa su vulnerabilidad ante la emergencia.

Al momento, se estima una reducción del 60 por ciento en la demanda, lo que se traduce en menores ingresos y en el deterioro de la oferta y cobertura del servicio. Se han efectuado acciones como ajustes en días y horarios de servicio como una herramienta para reducir costos de operación, sin embargo, al momento se estima que estos ahorros no superan el 25 por ciento de los costos de operación, por lo que el sector enfrenta fragilidad financiera para mantener y mejorar la oferta y cobertura del servicio.

Se prevé que, en los tres meses y medio que podría durar la emergencia sanitaria, las pérdidas alcanzarán hasta el 40 por ciento del ingreso habitual en ese periodo, lo que representa una pérdida acumulada de nueve mil 800 millones de pesos en todo el país; poniendo en riesgo los ingresos de miles de conductores y la sostenibilidad del propio sistema.

El segundo componente en riesgo es el total de puestos de trabajo relacionados con el sector. Se calcula que, en promedio, el sector emplea a 1.5 conductores por cada vehículo en operación, y que existe un 40 por ciento adicional de otros puestos de trabajo asociados al sector. A escala nacional, comparando el dato obtenido en el análisis sobre los empleos del transporte colectivo urbano y suburbano, estos superan 3.5 veces los empleos acumulados del transporte aéreo, marítimo y de ferrocarril, reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El tercer componente en riesgo es el retroceso en los procesos de modernización del transporte. El 75 por ciento del sector se organiza en esquemas de personas físicas, pequeñas y medianas empresas o cooperativas, altamente sensibles a la disminución de ingresos y los compromisos de pago de capital, que representa el 20 por ciento de sus costos totales. El 40 por ciento de las unidades de transporte que operan en las ciudades encuestadas continúa siendo sujeta al pago de créditos, por lo que la falta de liquidez condiciona el cumplimiento de sus obligaciones.

El impacto económico, financiero y social de la emergencia puede ser incluso mayor si se considera la contribución del transporte público colectivo a la cadena de valor de la industria del sector, que va desde la fabricación y venta de autopartes, los servicios de mantenimiento, el comercio de vehículos y los servicios financieros para su adquisición, solo por mencionar algunos.

El reto particular de este sector, es que la operación continúe, de forma esencial, por lo que el WRI recomendó la creación de políticas que prioricen la permanencia de los puestos de trabajo incluyendo los conductores, procurando ahorros dentro de los costos operativos y no fijos; que garanticen la provisión de un servicio regular y no cuentan con los recursos para sustituir este modo de transporte o para los que sustituirlo les resulta altamente costoso o simplemente imposible.

De no tomarse acciones durante la presente contingencia aumenta la probabilidad de que concesionarios y operadores busquen optimizar sus recursos en la prestación del servicio, con la reducción de autobuses, rutas, frecuencias y cobertura para la población usuaria del transporte con sus impactos derivados en salud y economía.

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