Cancelar el megaproyecto implicaría 120 mil millones de pesos, por terminación anticipada de contratos y liquidación de trabajadores
José Luis Martínez
Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), las opciones alternas que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), que implican habilitar dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, en el Estado de México, o concesionar la obra a particulares, “son un dilema que no es dilema”, afirmó el especialista Juan E. Pardinas, quien aseguró que mantener la construcción de la nueva terminal en Texcoco es la opción más viable.
“Cancelar el megaproyecto implicaría 120 mil millones de pesos, por terminación anticipada de contratos y liquidación de trabajadores”, lo que implica más del 40 por ciento del presupuesto original de la obra.
El experto del Imco expuso que el megaproyecto es necesario y urgente ante la creciente demanda aérea de pasajeros y la sobrecarga del actual aeropuerto Benito Juárez, debido a que el debate sobre si se debe construir o no una nueva terminal aérea ha provocado que México pierda competitividad, respecto a otros países que tienen terminales aéreas nuevas como Perú y Panamá. Aunque dijo que será necesaria la construcción de vías de transporte.
“El actual aeropuerto concentra más del 30 por ciento del flujo de pasajeros y el 56 por ciento de la carga que circula en todo el país. Está sobresaturado en capacidad desde el 2014 y en los medios continúa el debate de si se debe construir o no. Es un debate que, literalmente, ha tomado décadas”, lamentó. “En 2017 fueron 44 millones de usuarios y 449 mil vuelos frente a su capacidad de 32 millones de pasajeros y 365 mil operaciones anuales”, documentó.
Sin embargo, en la presentación del estudio: “Nuevo Aeropuerto Internacional de México, un proyecto indispensable: riesgos y oportunidades”, no se tomó en cuenta el impacto ambiental de la obra y se enfocó específicamente a la competitividad y a los posibles panoramas de corrupción que pudo desencadenar la asignación directa de varias de las obras que comprende la terminal.
Por ello, el experto recomendó a la nueva administración que refuerce la vigilancia de las siete obras más importantes: edificio terminal, torre de control, dos pistas, losas y subestaciones. Incluso llamó a colocar una cláusula de cancelación en caso de identificar actos de corrupción en las empresas concesionadas y el gobierno.
Para el Imco, alternativas como la base de Santa Lucía es “poco óptima” por elevar los costos y tiempo de desplazamiento de pasajeros y no alcanzar la frecuencia de vuelos necesarios. El NAIM, en contraste, prevé tener en la primera etapa capacidad para 70 millones de pasajeros y 550 mil operaciones anuales.
Sin embargo, el Imco planteó que está opción no está absuelta de inundaciones y carece de un plan de movilidad para transportar a los millones de pasajeros y 50 mil empleados hacia las instalaciones en Texcoco.
Sobre el costo, Imco documentó que ha aumentado 11 por ciento al pasar de 169 mil millones de pesos a 285 mil millones hasta 2018, por el tipo de cambio. Sin embargo, el estudio asegura que más del 90 por ciento de los presupuestos de las diferentes obras no han excedido la cantidad establecida originalmente y que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) ha transparentado mucha de la información sobre los costos y avances de la obra, algo que no pasa con el tren México-Toluca.
Riesgos de corrupción
El Imco advirtió sobre riesgos de corrupción sobre todo en la etapa de poscontratación y llamó a la Secretaría de la Función Pública a reforzar la vigilancia a las siete obras más importantes del nuevo aeropuerto: edificio terminal, torre de control, dos pistas, losas y subestaciones.
Max Kaiser y Ana Martínez, investigadores de Imco, expusieron que 157 de 320 contratos se asignaron por adjudicación directa: un 3 por ciento por tres mil 825 millones de pesos de 130 mil millones.
Además, de 216 procedimientos analizados solo el 19 por ciento de los procedimientos que no se asignaron por licitación pública cuenta con una justificación adecuada sobre hacerlo directamente. Un 10 por ciento de ello ni siquiera tuvo un argumento.
Kaiser lo calificó como “una mala práctica” en la obra pública en el país, la cual no es verificada por autoridades fiscalizadoras. Otro 29 por ciento de procedimientos de compra pública carecen de verdadera competencia.
De los 34 procedimientos con una sola propuesta solvente, Imco destacó un contrato por mil 114 millones de pesos para construcción de subestaciones. Asimismo, hubo sobrecosto en 11 contratos por 44 millones 21 mil pesos, esto es el 11 por ciento.
