La AMDA interpuso un juicio para defender la serie de protestas ciudadanas que provocó el trazado de la ruta que va del Paseo de la Reforma a Indios Verdes
José Luis Martínez
El pasado 16 de enero de 2019 el juez octavo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó suspender la operación de la Línea 7 del Metrobús, que corre de Indios Verdes al Auditorio Nacional por el Paseo de la Reforma y la Calzada de los Misterios, por considerar que hubo una serie de violaciones legales sistemáticas, realizadas por el Gobierno de la Ciudad de México, durante la administración de Miguel Ángel Mancera.
La Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA), informó este jueves que ganó el amparo interpuesto contra la obra, luego que el gobierno de Claudia Sheinbaum solicitó ampliar la información de la sentencia para tomar una determinación sobre el acatamiento del fallo.
De acuerdo con el doctor Ramón Ojeda Mestre, fundador de la AMDA, el juez negó este recurso y ordenó la ejecución de la sentencia a partir de este miércoles 23 de enero, por lo que en un plazo de diez días hábiles, se deberá suspender el servicio y comenzar con la reparación de los daños provocados a la ciudad, en caso que la autoridad capitalina decida no impugnar la medida.
Sin embargo, dijo que desconoce cuáles serían las medidas alternas que debería ejecutar el gobierno de la ciudad para proveer de transporte público la vía, incluso, podría tratarse nuevamente de transporte concesionado, el cual operaba antes del Metrobús.
El especialista en derecho ambiental recordó que el juicio de amparo fue interpuesto el pasado 18 de mayo de 2017 y explicó que la demanda se fundamentó en las diferentes violaciones a los derechos de los capitalinos en temas: ambientales, socioculturales y económicos, en los cuales se violaron, incluso, los artículos 14 y 16 constitucionales que ordenan actuar con “estricto apego a la ley” y el cuarto, que garantiza a los mexicanos “el derecho a un ambiente limpio”.
“Se trata de una sentencia histórica, pues es la primera vez en México que una asociación como la AMDA le gana un amparo a un gobierno estatal, que incluyó a un grupo de abogados externos para defenderse. Pero la sentencia es muy clara: ‘¡No a la Línea 7 del Corredor Reforma!’”, señaló en conferencia de prensa.
De acuerdo con el especialista, la obra tenía una suspensión provisional emitida por el juez, debido a que no cumplía con la reglamentación ambiental vigente, pues aseguró que se talaron árboles ilegalmente para permitir la circulación de los autobuses de dos pisos que se compraron específicamente para esta ruta.
Además, aseguró que se dañaron importantes monumentos a lo largo de todo el corredor y que los que se encuentran actualmente, han sido dañados por el excesivo humo que emiten los autobuses, los cuales, dijo, son “de segunda mano”. Además, señaló que sistemáticamente se ignoraron los señalamientos realizados por expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para conservar la imagen urbana que tiene esta avenida, que es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
También dijo que hubo daños arquitectónicos en Calzada de los Misterios y que se afectaron las tradiciones de los feligreses católicos que peregrinan por esa ruta hacia la Basílica de Guadalupe.
“La Línea 7 del Metrobús fue un proyecto a modo en donde la Secretaría del Medio Ambiente actuó negligentemente en la evaluación del impacto ambiental, autorización sin los estudios técnicos necesarios, acciones en contra del derecho a la salud y al medio ambiente de los capitalinos con tal de aprobar dicho proyecto”, dijo.
“La Secretaría de Obras inició las obras sin contar con los permisos y autorizaciones necesarias para salvaguardar las zona ambiental reservada por el gobierno federal”, añadió.
Además, advirtió que la sentencia incluye retirar toda la publicidad que se colocó en estaciones de servicio, así como el mobiliario urbano irregular, incluso instalado previamente a la obra del Metrobús y aseguró que el trazado se realizó de esta forma para priorizar intereses económicos de funcionarios del gobierno capitalino.
Finalmente, Ojeda Mestre señaló que, en caso que el gobierno actual respete la sentencia, deberá crear una comisión para determinar obras de mitigación y reparación del daño con el menor costo posible, pues la ciudadanía pagó la construcción de la obra y ahora tendrá que pagar por las reparaciones que ordenó el juez. Sin embargo, reiteró que este sistema de transporte es adecuado y funcional en otras zonas de la ciudad.
Destacó que en caso de que las autoridades capitalinas impugnen esta resolución, “quien quiera andar en el baile tiene que aguantar los pisotones, esto no es un juego, la ciudadanía ya no es la misma”.
