Teorema Ambiental/Redacción
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emplazó a comprobar más de 338 millones de pesos destinados a la remodelación del hangar presidencial y el inicio de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que no han sido ejercidos.
Según las auditorías a la Cuenta Pública de 2015, el órgano de control detectó que en las obras hubo contratos de adjudicación directa, pagos indebidos al personal e improcedentes en ajustes de costos, supervisiones sin realizar e incongruencias entre costos y trabajos ejecutados. Por la ampliación del hangar presidencial, la ASF determinó que hay posibles daños al erario por 139.3 millones de pesos.
También se celebró un convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para terminar trabajos pendientes, a pesar de que estos no se habían entregado a la dependencia y seguían bajo resguardo de la empresa contratista.
En tanto, por la construcción inicial de la nueva terminal aérea, el órgano fiscalizador calculó un posible daño al erario por 143.5 millones de pesos y, además, pidió aclarar otros 85.3 millones destinados a pagos de nómina. “En términos generales, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, señala el dictamen.
Los contratos de obra pública y de servicios se adjudicaron directamente a empresas con proyectos caros y mal integrados, lo que imposibilitó el cumplimiento de objetivos, además de que generaron un sobrecosto de 141 millones de pesos.
Sobre las primeras labores del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el órgano determinó que si bien han cumplido disposiciones legales y normativas, existe una falta de comprobación de 85.3 millones de pesos en pagos de nómina y hubo dos contratos de servicios ambientales que consideraron los mismos objetivos y metas por 1.4 millones de pesos.
Por ajuste de costos se dio un pago improcedente por 41.7 millones de pesos y detectó la incorrecta integración de precios unitarios, al existir duplicidades (2 por ciento de materiales y 5 por ciento de equipo), por 49.1 millones de pesos. También pagaron servicios no ejecutados por un monto de 39 millones, pagos improcedentes de estudios e investigaciones en los costos indirectos por 8.8 millones de pesos.
Tampoco se acreditaron actividades de supervisión externa por un monto de 372 mil pesos, y se determinó incorrecta la integración de precios unitarios extraordinarios por un monto de 3.4 millones. Asimismo, hubo pagos en exceso por duplicidad de conceptos, como pozos, demolición y retiro de escombro, por un monto de 1.3 millones.
