Al hacer posible que la gente adquiera más alimentos, los programas de subsidios condicionados estimularán una mayor producción agrícola en lugar de penalizar a los productores
La cumbre alimentaria de Naciones Unidas, concluida en Roma la semana pasada, fue un reconocimiento oficial a una realidad ya conocida por demasiadas familias de los países en desarrollo. A medida que un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos desaparece en la compra de alimentos, millones de personas corren el riesgo de perder lo ganado contra la pobreza en los últimos cinco años.
Sin medidas para mitigar la inflación de alimentos, cerca de 26 millones de personas en América Latina y el Caribe podrían quedar en extrema pobreza, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La situación de los 71 millones de latinoamericanos que hoy viven por debajo de la línea de pobreza se haría aún más difícil.
Los gobiernos de la región se apresuran a anunciar programas para responder a la crisis.
Algunos países productores de cereales, por ejemplo, prohíben las exportaciones o incrementan los impuestos a la exportación con el objetivo de garantizar el suministro nacional. Otros imponen controles en los precios e intentan eliminar especulación y acaparamiento. Gastan miles de millones en subsidios directos a los alimentos y a otros servicios esenciales como agua y electricidad.
Es muy probable que con el tiempo este tipo de medidas tengan efecto opuesto. El control de precios y tasas excesivas a la exportación perjudican a los agricultores y desincentivan la producción cuando más se necesita. Los subsidios suelen beneficiar a los consumidores de clase media y alta. Y la intervención de los gobiernos en las cadenas de producción o distribución disminuye la eficiencia y fomenta la corrupción. Pero la buena noticia es que los gobiernos de América Latina tienen la oportunidad de liderar una respuesta innovadora a la crisis alimentaria; una respuesta con beneficios a corto y largo plazos.
En los últimos 15 años, América Latina se ha convertido en líder de programas de subsidios condicionados. Estos programas ofrecen pagos periódicos a familias pobres sólo si los padres aseguran que sus hijos acuden a la escuela y reciben atención médica.
Hoy este modelo de asistencia es objeto de análisis y réplica en todo el mundo. Recientemente el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, lanzó un programa similar denominado Opportunity NYC.
Aprovechando estos buenos resultados, los gobiernos hoy pueden utilizar sus programas de subsidios condicionados para incrementar los pagos a las familias más afectadas por la inflación. Esta opción tiene varias ventajas. Mejora el poder adquisitivo de los pobres en lugar de beneficiar a consumidores con más recursos. Al hacer posible que la gente adquiera más alimentos, estos programas estimularán una mayor producción agrícola en lugar de penalizar a los productores.
Estudios empíricos demuestran que el resultado inmediato de los subsidios condicionados es un aumento de la inversión en alimentos y dietas más variadas. Por ello, los bebés y niños de edad temprana reciben alimentación más equilibrada, lo cual mejora sus perspectivas a largo plazo.
A diferencia de otros subsidios, estos programas no crean nuevos grupos de interés. Cuando la situación de una familia mejora a tal punto que excede los parámetros predefinidos de ingresos y bienestar social, se “gradúa” del programa. De esta manera, los subsidios condicionados aseguran que la ayuda llegue sólo a quienes la necesitan de verdad.
Los programas de transferencias de recursos no necesariamente son viables para países sumamente pobres como Haití, porque consumirían una parte demasiado grande de sus presupuestos y amenazan la estabilidad económica. Los países más pobres continuarán necesitando ayuda directa de gobiernos donantes.
Fuente: Agroinformacion.com
