El gasolinazo es una consecuencia directa de las reformas energética y fiscal aprobadas
Ciudad de México.— A partir del 1 de enero de 2017, el gobierno federal y el Pacto contra México no solamente incrementaron los precios de las gasolinas y el diésel entre 20 y 24 por ciento, sino que también abrieron las puertas a la libre importación de gasolinas por corporaciones privadas y al establecimiento de un sistema de fijación de precios con base en los llamados “precios de mercado”.
El gasolinazo es una consecuencia directa de las reformas energética y fiscal aprobadas por los partidos del Pacto contra México (PRI-PAN-PRD) y específicamente por la aprobación de la reforma constitucional en materia de energía, la ley de hidrocarburos en su artículo transitorio 14 y de la Ley de Ingresos 2017. Ellos tienen que asumir su responsabilidad y hacerse cargo del grave daño que están causando a los sectores productivos del campo, la industria y los servicios, a la economía de las familias así como a nuestra soberanía alimentaria y energética, señaló mediante comunicado la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
Este gasolinazo además de afectar gravemente la rentabilidad de los productores del campo, disminuir la producción nacional de alimentos, aumentar las importaciones y encarecer la canasta alimentaria básica, representa el fin de la soberanía energética de nuestro país y la entrega a los extranjeros de la base de nuestra soberanía y principal palanca de desarrollo.
En los pasados cuatro años, la devaluación del peso frente al dólar en más del 60 por ciento ha incrementado en esa misma proporción los costos de producción. Al mismo tiempo, en ese mismo periodo, los precios al productor disminuyeron en 35 por ciento, agudizando la crisis de rentabilidad y descapitalización de los productores agropecuarios, desestimulando la producción nacional e incrementando el volumen y valor de las importaciones agroalimentarias de nuestro país.
Los recientes incrementos de más del 90 por ciento en la tasa de referencia del Banco de México —al pasar de 3 por ciento en septiembre de 2015 al 5.75 por ciento en diciembre de 2016— impactarán en el incremento de las tasa de interés de los créditos al campo, profundizando la crisis de rentabilidad y descapitalización, principalmente entre los pequeños y medianos productores.
En cuanto a los costos de las gasolinas y el diésel, estos se incrementaron en 62 por ciento durante la administración de Felipe Calderón, al pasar de 6.74 pesos por litro a 10.91, y en 51 por ciento, en los cuatro años de la administración del presidente Peña al pasar de 10.81 pesos por litro a 16.32. En total, un incremento de más de 100 por ciento en la última década.
En este contexto, el gasolinazo viene a representar la gota que derramó el vaso de la crisis de rentabilidad, descapitalización, abandono y hartazgo que se vive en el campo desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que nos oponemos rotundamente a este nuevo golpe contra los campesinos y los consumidores y contra la soberanía alimentaria y energética del país, aseguró ANEC.
El gasolinazo es una muestra más de la política de abandono del campo y de entrega de la soberanía alimentaria a los grandes monopolios y grandes productores rentistas de riego que impulsa el TLCAN y el gobierno federal desde 1988 a la fecha.
Fuente: ANEC, imagen
