Habitantes de las comunidades pesqueras de Comondú junto a las organizaciones ambientales y científicas, fueron los primeros en manifestar su preocupación por la posible llegada de Exploraciones Oceánicas
La Paz, BCS.— Fueron cumplidas las amenazas de denuncia de la empresa de minería marina Exploraciones Oceánicas contra el reportero de la fuente ambiental y científica, Carlos Ibarra, así como contra miembros de la Cooperativa Puerto Chale, entre ellos su presidente, consignadas en tres inserciones con diferentes fechas, al parecer pagadas, y publicadas por el diario El Sudcaliforniano de la Organización Editorial Mexicana (OEM).
De acuerdo con el expediente AP/BCS/SPPA-AMPFDC/176/2014 de la Procuraduría General de la República (PGR), Florencio Aguilar Liera, presidente de la Sociedad Cooperativa Puerto Chale, además de los integrantes de la asociación Gregorio Higuera Mayoral y José Humberto Espinosa Aguilar; Arturo González Ramírez, ex asesor del organismo pesquero y enlace con el proyecto minero marino Don Diego; Ryan Morris, director de Meson Capital y el reportero de este medio, son acusados de atentar en contra del consumo y riquezas naturales.
Todo parece indicar que la empresa basó su juicio en el artículo 253 del Código Penal Federal, Título Decimocuarto Delitos Contra la Economía Pública, en el que se define: “son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionará con prisión de tres a diez años y con doscientos a mil días multa”.
Y en el Inciso B, el cual especifica que “todo acto o procedimiento que evite o dificulte, o se proponga evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio”.
La argumentación de la empresa
Utilizando calificativos como “seudoambientalistas” y “extorsionadores”, el 14 de noviembre de 2014, el representante legal de Exploraciones Oceánicas, Luis Manuel Guadarrama, anunciaba en una nota sin autor en El Sudcaliforniano una maquinación en contra de ellos.
“Estos ataques son producto de un plan bien orquestado por diversos personajes, tendientes a extorsionar a la empresa, esto es, piden dinero a cambio de no entorpecer el desarrollo del proyecto”, expresaba el litigante.
Se refiere a una serie de notas y reportajes que BCS Noticias publicó en las que se presentaban posturas de instituciones académicas, científicas, gubernamentales; asimismo, declaraciones del ex consejero de la compañía (Arturo González) e información dada a conocer en internet por medios de comunicación u otras firmas que señalaban irregularidades financieras de Odissey Marine Exploration (dueña de la minera marina). Se manifestaban en contra y a favor. Incluso, la empresa fue entrevistada para conocer el proyecto.
Sin embargo, Exploraciones Oceánicas consideró la información expuesta por BCS Noticias como “ataques mediáticos que un blog local ha estado promoviendo” para detener su proceso ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Desde el principio, Luis Manuel Guadarrama argumentó que Ryan Morris de Meson Capital (grupo de inversionistas) estaba detrás de una estrategia de desprestigio hacia el proyecto, junto a Arturo González, mediante “una campaña dirigida a los medios que nace en un blog operado por Carlos Ibarra”, lo cual es una acusación falsa.
Es más, el tema de minería marina surgió el 17 de diciembre de 2013, cuando el diario impreso El Independiente informó sobre la intención de Exploraciones Oceánicas, S de RL de CV, de extraer fosfato del subsuelo en una superficie de más 34 mil 993 hectáreas del golfo de Ulloa, considerado por científicos como centro de actividad biológica. En aquella ocasión, la organización ambiental Medio Ambiente y Sociedad (MAS) expresó: “Debemos detener esto ahora.”
Además, habitantes de las comunidades pesqueras de Comondú junto a las organizaciones ambientales y científicas, fueron los primeros en manifestar su preocupación por la posible llegada de Exploraciones Oceánicas que dragaría el fondo marino. Actividad rechazada por autoridades ambientales en otras naciones, la más reciente, Nueva Zelanda.
Contralínea.com.mx retomó información de Carlos Ibarra cuando trabajaba con dicho medio de comunicación (El Independiente), en mayo de 2014; en ese entonces, sin conocer a Arturo González.
Roberto Galindo, maestro en ciencias en exploración y geofísica marina (quien se ha interesado en el tema), dedicó el 25 de enero de 2015 un artículo de opinión en la revista de investigación titulado: “Ataques a la prensa alternativa en Baja California Sur”:
“En una ‘entrevista’ que suena muy a modo para hacer parecer a la corporación minera como un mártir que sufre de los despiadados ataques de ‘seudoambientalistas corruptos y codiciosos’ se deja entrever las intenciones de linchamiento contra un medio de comunicación alternativo y comprometido del que Carlos Ibarra forma parte y en particular contra el trabajo periodístico del reportero, persona a la que entre otras, se menciona es objeto de denuncias por sus ‘criminales’ trabajos periodísticos. ¿Será acaso intimidación contra el trabajo honesto de un reportero? Después de leer la seudoentrevista puedo concluir que el mayor enemigo de la empresa minera en cuestión es el trabajo periodístico veraz y comprometido”.
¿SLAPP a BCS Noticias?
Según expertos consultados por BCS Noticias, hablaron sobre SLAPP como una posibilidad de atentar con el derecho informar y estar informado. SLAPP, por sus siglas en inglés, es una demanda estratégica contra la participación pública o strategic lawsuit against public participation.
Reporters Commitee for Freedom of the Press señala que es una queja que intenta censurar, intimidar y silenciar a críticos para cargar con el costo de una defensa legal, hasta que terminen con la oposición al proyecto.
La estrategia es utilizada, a menudo, en cuestiones de desarrollo de tierras y cuestiones ambientales.
“Cuando un demandante trae un pleito SLAPP contra alguien que intenta ejercer su derecho a la libertad de expresión, por lo general, lo hace bajo la apariencia de una demanda por difamación. Sin embargo, los abogados Peter Kurdock y Mark Goldowitz señalan en su artículo ‘La necesidad de una legislación federal anti-SLAPP’, publicado en www.sitejabber.com, la denuncia podría venir como una acusación de conspiración o violación de marca registrada”.
Cabe recordar que, precisamente, Exploraciones Oceánicas alude a un complot que ocasionó un atentado contra el consumo y riquezas naturales de México, demanda que jamás se había presentado en Baja California Sur.
Cooperativa Puerto Chale
Desconcertado, es como se califica Florencio Aguilar Liera, presidente de la Sociedad Cooperativa Puerto Chale, ante la denuncia. Uno de los señalamientos que hace Exploraciones Oceánicas es haber participado con una postura negativa en la reunión de información que la Semarnat organizó por petición de la sociedad sudcaliforniana.
Hasta ahora, los demandantes no han presentado pruebas concisas, a pesar de que El Sudcaliforniano publicó en una nota titulada “Avanza proyecto para extraer fosfatos de la bahía de Ulloa”, donde afirma lo contrario:
“El fiscal está reuniendo los elementos legales para demostrar al juez que se cometieron varios delitos y deberá señalar a los probables responsables para solicitar el libramiento de la o las órdenes de aprehensión, si así lo estima procedente”.
Piden la exorbitante cantidad de 20 millones de dólares, expresó el abogado del organismo pesquero, para resarcir los supuestos daños provocados al iniciar la supuesta estrategia mediática contra Exploraciones Oceánicas.
“Por defender nuestro derecho debemos atender esta demanda, primera en su tipo”, explica el dirigente pesquero, porque les preocupa que su concesión pesquera se vea afectada.
Por ahora, Sociedad Cooperativa Puerto Chale sospecha que la denuncia pudo ocurrir para dar certidumbre a los socios de la minera que quizá estén reclamando la inversión “de un proyecto que no se dio o no se dará”.
Juan José Guerra Abud, titular de la Semarnat, reconoció que el proyecto “ha generado mucha controversia”, y que pronto se tendrá un resolutivo al respecto.
El asunto está en manos de la delegación en BCS de la PGR.
