José Luis Martínez
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó este martes en el Centro Nacional de Comunicación Social, de la Ciudad de México, su Tercer Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México para visibilizar el riesgo que han corrido las personas que realizan esta actividad en México de junio 2015 a junio 2016.
La información, recabada mediante notas de prensa, informes de organizaciones de la sociedad civil y casos propios del Cemda, reveló 63 ataques en 18 de las 32 entidades que conforman el país, donde destacan Estado de México y Sonora, con 12 casos cada una, seguidos de Oaxaca con seis.
En la conferencia, Julián López, miembro de la comunidad indígena náyeri de Nayarit, denunció la inconformidad que ha generado la construcción de un megaproyecto hidroeléctrico llamado Las Cruces, en el cauce del río San Pedro, por irregularidades para obtener la autorización de los habitantes de la región a la ejecución de la obra.
“Cuando iniciaron los estudios de factibilidad en 2008 hicieron una campaña con participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que las comunidades aceptaran este proyecto, ofreciendo apoyos para las comunidades afectadas.
“No hubo una consulta con los protocolos básicos de protección a los derechos humanos y se realizó hasta el 2011, ya que había estudios previos y campaña de aceptación para construir la presa. Fue una consulta amañada, con información oculta sobre las afectaciones y solo se presentaron las bondades”, denunció.
“A mí en lo personal me levantaron antes de que se diera la manifestación de impacto ambiental”, agregó el habitante de la comunidad náyeri. “Tampoco hubo un estudio de impacto social. La consulta no fue libre porque intervino el gobierno para emocionar a la gente y que dijera ‘sí’”.
“Cuando se inició la licitación para cambio de uso de suelo, se hizo con engaños en San Pedro Ixcatán. Dijeron: ‘queremos el permiso para estudiar qué tipo de peces hay en el río y qué animales hay en la cuenca’. La gente aceptó y resulta que firmaron el cambio en el uso de suelo. Eso ocurrió en otras comunidades como Rosarito, donde hay amparos”, lamentó.
“Cuando se firmó el amparo, casualmente murió el presidente del Consejo de Vigilancia de Rosarito. Hay homicidios sin investigar, a mí me levantaron de nuevo con uniformados del Mando Único, me presionaron y me dijeron: ‘andas buscando tu propio mal, tú sabrás si sigues’”, agregó.
Además, el denunciante aseguró que en otros proyectos similares en la entidad se provocó la desintegración de las comunidades desalojadas, pues no se les concedieron tierras. Mientras que los pueblos que sobrevivieron y habitan al margen de los ríos, tampoco lograron un progreso.
“Nosotros ya vimos por experiencia que todos los proyectos que han llegado de fuera, más que beneficiarnos nos han dividido y ninguno de ellos ha prosperado ni servido para el desarrollo de nuestras comunidades. Primero buscan beneficiar a gente que lleva este proyecto y es mayor ese interés que el del desarrollo real de la comunidad.
“Nuestra lucha es porque se nos respete el derecho a la autodeterminación y la autonomía a nuestras comunidades, a nuestra forma de organizarnos y de tomar decisiones internas”, concluyó.
