Teorema Ambiental/Redacción
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha estado en medio de polémicas desde que asumió el mando la investigadora María Elena Álvarez-Buylla, quien desde el pasado 1 de diciembre ha sido señalada de dirigir dicho organismo de manera unilateral, algo que atenta contra sus estatutos.
Además, ha implementado una serie de recortes y adecuaciones presupuestales a programas, modificaciones a fondos, nombramientos, aperturas de nuevos fideicomisos, sin haber consultado a la Junta de Gobierno del Consejo, pues ni siquiera ha sesionado desde su gestión, aun cuando la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establece otra forma de trabajo.
Esta Junta de Gobierno es la única que tiene autoridad para hacer este tipo de cambios al organismo.
Las atribuciones de la Junta de Gobierno son: “Aprobar la constitución, modificación o extinción de todas las modalidades de Fondos Conacyt a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología y los criterios para la celebración de convenios para la constitución, modificación o extinción de Fondos Sectoriales, Mixtos e Internacionales, así como de los contratos, las reglas de operación y programas de los Fondos Institucionales”, de acuerdo con el artículo 6, fracción I, de la Ley Orgánica del Conacyt.
Este órgano está integrado por 13 miembros, pertenecientes a dependencias federales de las secretarías de: Hacienda, Economía, Educación Pública, Medio Ambiente, Energía, Agricultura, Salud; así como un miembro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y otro del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
“Se está faltando a la ley de manera flagrante. La doctora Álvarez-Buylla tendrá diez en investigación científica, pero cero en administración pública; la Junta de Gobierno no le ha dado el respaldo jurídico para actuar, erogar o avalar decisiones. Al momento de realizar gastos públicos, sin el consentimiento del órgano que debe autorizarlos, ya está actuando de manera autócrata. Aquí hay evidencias claras para la Secretaría de la Función Pública (SFP) de que no se respeta la legalidad”, señaló Fausto Kubli-García, doctor en derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en entrevista con El Universal.
El proyecto insignia para este organismo durante la administración de Andrés Manuel López Obrador son los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces), que buscan diseñar políticas de Estado en materia de ciencia y tecnología que incurran en la investigación de las causas y soluciones de los problemas que más apremian al país.
Sin embargo, aún no se han publicado las convocatorias respectivas, por lo que se manejan de manera discrecional y aunque están vigentes, no han sido legalmente autorizados.
En cuanto a nombramientos, Álvarez-Buylla ha designado como directores adjuntos a María del Carmen de la Peza, Andrés Triana Moreno o José Alejandro Díaz, a lo cual la normativa establece que: “sólo la Junta puede nombrar, a propuesta del Director General, a los servidores públicos del Conacyt que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél”, indica la fracción XIX, artículo 6 de la mencionada Ley Orgánica.
Además, la gestión de Álvarez-Buylla ha solicitado a los 26 Centros Públicos de Investigación (CPI) del país reducir su presupuesto, a pesar de que desde hace unos años no cuentan con recursos suficientes y han debido dejar de pagar servicios básicos como luz y agua a cambio de no detener la investigación científica.
Esto ocurre aun cuando solo la Junta de Gobierno puede “aprobar las disposiciones y criterios para racionalizar el gasto administrativo y autorizar las erogaciones identificadas como gasto sujeto a criterios de racionalidad”, dicta la fracción XII.
“No cumplir con lo que establece la ley es causa de responsabilidad, o sea que si existiera un verdadero Estado de derecho en México, la doctora Álvarez-Buylla entraría en un proceso de responsabilidades de servidores públicos por hacer gastos o cambios que no son de su competencia”, aseguró el especialista.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala sobre el desempeño de los funcionarios públicos: “incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios”, promulga el artículo 57, en el Capítulo II: De las faltas administrativas graves de los servidores públicos.
Por ello el entrevistado indicó: “No convocan a la Junta de Gobierno para irse por la libre, para llevar a este organismo a intereses personales o ideológicos. La existencia de órganos colegiados son fundamentales en la toma de decisiones. El gran problema es que el nuevo Conacyt busca dejar la política científica en una sola persona, pero justamente se construyó de manera contraria para que se involucren más voces, más ópticas, existan contrapesos, porque está demostrado que la concentración del poder produce tiranía.”
