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Alianza para la Legalidad Forestal en México

En el país, Reforestamos México ha coordinado y promovido los Foros de la Alianza para la Legalidad Forestal desde 2012

alianza-foestalMéxico, D.F.— Con el objetivo de impulsar la legalidad forestal y el fortalecimiento de la gobernanza en los bosques y selvas de México y del mundo, Reforestamos México, AC, en alianza con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), llevaron a cabo el tercer Foro de la Alianza para la Legalidad Forestal en el país.

El Foro constó de cuatro paneles en los que se abordaron temas de regulación, gobernanza y sector empresarial forestal. “Sin duda realizar por tercera ocasión este foro nos habla del interés y compromiso que tenemos como sociedad por generar soluciones que nos ayuden a conservar nuestros bosques y nuestro planeta”, señaló Ernesto Herrera Guerra, director general de Reforestamos México.

El encuentro contó con la presencia de líderes nacionales y expertos internacionales de países como Guatemala, Costa Rica y Colombia, quienes compartieron información sobre el contexto mundial de la legalidad forestal, los retos de la regulación y de los modelos de inspección y vigilancia forestal, así como las perspectivas y respuestas del sector privado ante el problema del comercio de madera ilegal.

En los paneles de discusión se retomaron los principales problemas de regulación en el sector forestal, así como los posibles mecanismos para contrarrestarlos. En su participación, César Murillo, director general de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, planteó que se está trabajando en un nuevo mecanismo para el fortalecimiento de la trazabilidad de madera, con la finalidad de reducir y eliminar la tala ilegal que se estima entre el 26 y el 50 por ciento de la producción actual, el transporte ilegal de materias primas, productos y subproductos forestales y la deforestación y degradación de los recursos forestales.

Ernesto Herrera señaló la necesidad de hacer eficiente la obtención de aprovechamiento forestal pues es uno de los factores que propicia la tala clandestina. Mencionó que un estudio elaborado por Reforestamos México reveló que sólo uno de cada tres ejidos recibe autorización de aprovechamiento a tiempo y que los ejidos pequeños (de 200 a mil 600 hectáreas de bosque) son los más perjudicados por el esquema legal existente ya que para éstos, los costos asociados a la solicitud de autorización representan el 31 por ciento de sus ingresos, en comparación con los ejidos medianos y grandes, cuyos costos representan el 24 y el 11 por ciento, respectivamente.

Gustavo Sánchez, de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), presentó un esquema de certificación voluntaria de legal procedencia que no impacte los costos de producción y comercialización de madera significativa, a su vez recomendó visualizar la propuesta de presupuesto Base Cero como una oportunidad para fortalecer las capacidades y estrategias de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos para el aprovechamiento forestal.

Por su parte Sergio Madrid, director ejecutivo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, propuso un programa especial para la activación del manejo forestal comunitario (existen 900 empresas con estas características) el cual podría estar dirigido a comunidades y ejidos que firmen compromiso de aplicación de buenas prácticas y que podría otorgar beneficios como la renovación automática de planes de manejo, reducción de cuotas y pago por trámites, tramitación rápida y expedita de permisos de aprovechamiento y documentación de transporte.

Las cámaras empresariales del sector forestal mencionaron que enfrentan diversas problemáticas en campo para el manejo y transporte de madera. Asimismo, destacaron la tala ilegal asociada al crimen organizado y sus múltiples vertientes. Por un lado, es un daño a comunidades locales por la pérdida de ingresos y medios de vida, y por otro, es un daño ambiental muy fuerte. También mencionaron que no existen mapas geodelictivos referentes a delitos contra el ambiente, en específico que permitan saber dónde es vulnerable el sector forestal. “Este contexto se ha vuelto una constante en la región, lo cual repercute en la economía forestal y desincentiva el crecimiento de la misma”, expresó Oscar Staackmann, presidente de la Unión del Sector Privado Responsable de México, América Central y del Caribe (Unifor).

Fuente: Teorema Ambiental, imagen

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