Por: Centro Mexicano de Derecho Ambiental
Mediante una misiva, la empresa que promueve el proyecto comercial Dragon Mart Cancún busca intimidar al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), sosteniendo que procederá legalmente en su contra si no se “rectifican en menos de cuatro días las declaraciones públicas” que integrantes de la organización han realizado en torno al proyecto, denunció la organización ambientalista.
El pasado 10 de diciembre una persona, quien dijo llamarse Juan Carlos López, llegó a las oficinas del Cemda en la ciudad de México y se presentó como director de Real Estate Dragon Mart Cancún, SA de CV, con la finalidad de entregar una carta en donde se solicita detener los actos que se han venido realizando en contra del proyecto y que, de no hacerlo para antes del 14 de diciembre, “procederían conforme a derecho”, lo cual por supuesto están en toda la libertad de hacer.
Dragon Mart busca equivocadamente intimidar a nuestra organización, la cual no pretende más que la defensa legal de los recursos naturales de México, el respeto al marco jurídico ambiental, la legalidad y el Estado de derecho en materia ambiental, así como la protección de los derechos humanos y ambientales consagrados constitucionalmente, señaló Gustavo Alanís Ortega, director general del Cemda.
“Las autoridades deben garantizar el ejercicio del derecho humano a defender los derechos humanos. Cualquier amenaza en contra de los defensores que quede en la impunidad inhibe a la población del ejercicio de este derecho”, añadió Alanís Ortega.
Las acciones legales iniciadas por el Cemda, a solicitud de la comunidad de Benito Juárez, se han centrado en la falta de transparencia y acceso a la información en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental estatal, así como en el incumplimiento del Programa de Ordenamiento Ecológico de Benito Juárez, en cuestiones como el porcentaje de desmonte permitido en la Unidad de Gestión Ambiental donde se pretende desarrollar el proyecto, sólo por dar unos ejemplos.
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su primer artículo que ‘todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley’. Por ello, solicitamos al gobierno federal, estatal y al municipal velar por la integridad física de cada uno de los integrantes del Cemda-Quintana Roo”, reiteró Gustavo Alanís Ortega, fundador del Cemda hace más de 19 años.
“Independientemente de lo que nosotros hagamos o digamos, los promoventes no deberían de temer o estar preocupados por la viabilidad de su proyecto si es que el mismo cumple con todos y cada uno de los ordenamientos jurídicos que le son aplicables. Mientras eso suceda e igualmente se respete a la naturaleza, no tendrían por qué amenazar al Cemda de que van a proceder legalmente en su contra. En el Cemda entendemos, por lo que han manifestado los promoventes del proyecto ante la opinión pública, que no somos nosotros los que los tenemos detenidos, sino las características propias del terreno y la falta de algunos permisos que el mismo requiere para llevarse a cabo”, concluyó Alanís Ortega.
En estos últimos días, y a raíz de la carta que el Dragon Mart dirigió al Cemda, hemos recibido apoyo de otras organizaciones y personas quienes piden a las autoridades correspondientes que se garantice el legítimo derecho de la sociedad civil de expresar su opinión y ser consultada respecto de los temas que le afectan. Cabe señalar que otras organizaciones han manifestado también su oposición al proyecto debido a las implicaciones que tiene no sólo en materia ambiental, sino en impactos económicos y sociales de alcance nacional.
