Residuos

Obsolescencia de dispositivos crea 48 millones de toneladas de CO2/año

De acuerdo con la EEB, si se alarga un año más la vida a los aparatos electrónicos se podría reducir la emisión de cerca de 4 millones de toneladas de CO2 por año

Teorema Ambiental/Redacción

Ciudad de México, 31 de diciembre de 2019.— Entre menos dure un aparato, su propietario deberá regresar a la tienda a sustituirlo. Esta premisa ha provocado la llamada obsolescencia programada, es decir, fijar un límite de operación para un dispositivo electrónico como un teléfono celular o tableta, para que a partir de esa fecha deje de funcionar y requiera ser reemplazado, aun cuanto todavía se encuentre en buenas condiciones de operación.

Este segmento incluye además a otros aparatos como: computadoras portátiles, impresoras y hasta lavadoras o cualquier otro aparato “inteligente”. Sin embargo, el hacer esto genera un problema ambiental importante, ya que de acuerdo con la European Environmental Bureau (EEB), se emiten más de 48 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera por desechar estos aparatos innecesariamente.

Estas cifras se deben a un aumento del consumo de energía y recursos para satisfacer la creciente demanda de productos tecnológicos y para la eliminación de los anteriores aparatos.

“Este estudio es una prueba más de que Europa no puede cumplir con sus obligaciones climáticas sin abordar nuestros patrones de producción y consumo. El impacto climático de nuestra cultura de teléfonos inteligentes desechables es demasiado alto”, aseguró Jean-Pierre Schweitzer, oficial de Políticas para la Economía Circular en EEB.

La mayor parte de las emisiones que hay detrás de los aparatos electrónicos se vincula, no tanto a la energía que puedan consumir durante su funcionamiento como a la contaminación que se genera durante toda su fabricación.

En el caso de los celulares, el 75 por ciento de los gases de efecto invernadero que llevan asociados se corresponden con todo el proceso productivo, con el transporte y la distribución comercial. Es decir, contaminan antes que el consumidor los saque de la caja.

El tiempo medio de vida útil de un teléfono inteligente y un portátil está entre los tres y los cuatro años. En el caso de una lavadora, su longevidad ronda los 11 años y si hablamos de aspiradoras —otro electrodoméstico común— seguramente terminen obsoletas al cumplir los cuatro años. Pero si se alarga la vida de estos productos solo un año más, se reducen cuatro millones de toneladas de CO2 al año. Algo que, según la EEA, equivale a retirar dos millones de coches de las carreteras de Europa.

Además, estos aparatos de corta vida generan un importante problema de residuos. Por ejemplo, en España se liberan unas 930 mil toneladas de basura procedente de aparatos electrónicos y en el resto del continente, las cifras oscilan entre diez y 12 toneladas, según la propia Comisión Europea.

“Más allá de lo que supone para los bolsillos, creo que hay pocos ciudadanos que tengan conciencia de lo que la obsolescencia programada supone a nivel ecológico. Apenas hay informaciones gubernamentales sobre lo que significan medioambientalmente estas prácticas”, explica Benito Muros, presidente de la Fundación de Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada.

Además, la mayoría de los productos provoca que las reparaciones sean más costosas de lo que eran antes, lo que supone una barrera importante para la reutilización y la reparación, porque resulta más barato comprar un aparato nuevo que reparar el existente. También se esconden las refacciones para los usuarios, como la simple sustitución de una batería, algo que era sencillo de realizar hace apenas unos años.

Ante ello, organismos como la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado de Italia multó a Samsung con cinco millones de euros y a Apple con diez millones, por acortar dolosamente la vida de los productos, por lo que una solución sería obligar a las compañías a pagar por el manejo de los residuos que generan y promoverían la reutilización.

Finalmente, se ha propuesto en Europa incrementar la ley de garantías de los aparatos electrónicos de dos a cinco años y que se elimine la letra pequeña de las garantías ya que establecen numerosas restricciones que impiden que los aparatos sean reparados en caso de defecto.

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