Legislación Ambiental

Urgen al Senado ratificar Acuerdo de Escazú para mejorar justicia ambiental

Es considerado como una guía de derecho ambiental porque obliga a los Estados a garantizar la protección de personas que defienden sus territorios y su derecho a un medio ambiente sano

Teorema Ambiental/Redacción

Ciudad de México, 26 de agosto de 2020.— El 4 de marzo de 2018 se adoptó en Escazú, Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe conocido como Acuerdo de Escazú.

Se trata del primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales y es el único instrumento jurídicamente vinculante que se deriva de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 (Río+20).

El Acuerdo de Escazú brinda sustento a los derechos humanos en general y los derechos ambientales en particular.

Detalla cuál debe ser la legislación mínima que cada país debe tener para promover el acceso a la información ambiental, el derecho a participar en la toma de decisiones de los proyectos que pueden afectar el medio ambiente, y el derecho de acceder a la justicia en materia ambiental, así como la obligación de los Estados para garantizar la protección de personas que defienden sus territorios y su derecho a un medio ambiente sano.

Además es sumamente importante para México porque continúa como un país muy peligroso para las personas defensoras del medio ambiente, quienes son víctimas de amenazas, agresiones, criminalización y asesinato, y las acciones del gobierno son insuficientes: Desde 2012, se han documentado casi 500 agresiones en contra de personas que defienden el derecho a un medio ambiente sano.

Esto pese a que el país fue uno de las primeras 15 naciones firmantes de los 33 países latinoamericanos y caribeños, aún está pendiente su ratificación. A la fecha solo han firmado 22, y tan solo nueve han ratificado: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadina y Uruguay. Esto solo retrasa la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, pues solo puede entrar en vigor cuando se obtengan 11 ratificaciones.

Por ello, organizaciones de la sociedad civil que han participado desde la fase de preparación y durante las negociaciones del Acuerdo, haciendo aportaciones, urgieron que concluya el proceso de ratificación por parte del Estado mexicano, que se encuentra en manos del Senado de la República, para seguir avanzando en el compromiso que el país tiene con los derechos de acceso en materia ambiental en la región.

“Este Acuerdo es un instrumento que resulta una verdadera guía de derecho ambiental, sistematizando en un solo instrumento legal vinculante, regulación con los más altos estándares y, al mismo tiempo, contextualizados para la región latinoamericana, además de que establece la obligación de la protección de personas que defienden su derecho a un medio ambiente sano”, afirmó Juan Carlos Carrillo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Mariana Blanco, de la Fundación Friedrich-Ebert explicó que “América Latina y el Caribe es una de las regiones más biodiversas del mundo, sin embargo, las economías latinoamericanas son muy dependientes de la extracción de recursos naturales, lo que está generando una acelerada degradación de sus ecosistemas. A este contexto se suma que América Latina es la región más peligrosa para los defensores ambientales, México entre ellos”.

Amelia Arreguín de la organización Eco Maxei Querétaro, AC, señaló la importancia de pensar más allá de la ratificación e indicó cómo la aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú puede ser un parteaguas para el fortalecimiento de la ciudadanía ambiental de colectivos históricamente marginados, como mujeres y jóvenes.

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