Ante el retiro del Estado mexicano de la cadena producción-consumo en el sector agropecuario se creó un vacío.
Esto provocó que los mismos productores conformaran empresas a fin de suplir los servicios que anteriormente prestaban instituciones gubernamentales.
Los productores rurales se agruparon bajo diversas figuras jurídicas: Sociedad de Producción Rural (SPR), Sociedad Anónima (SA), Sociedad de Solidaridad Social (SSS), ejido, Unión de Ejidos (UE), Asociación Agrícola (AA), Sociedad Civil (SC), Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC), Asociación Civil (AC), Sociedad Cooperativa (SCoop)
En todos los casos la finalidad es la misma: proveer a los asociados de servicios y canales necesarios para llevar a buen término su proceso productivo y de comercialización.
Durante más de un lustro, los procesos de acopio, almacenamiento, transformación y distribución de los productos agropecuarios fueron asumidos por entidades estatales.
Con este esquema, la comercialización representaba gran incertidumbre para la mayoría de los productores, ya que depositaban su producción y se disponían a esperar la liquidación, proceso en el que frecuentemente se presentaban retrasos y descuentos excesivos.
A causa de la crisis de la deuda de principios de la década de 1980 y de la implantación subsecuente de políticas de estabilización y ajuste, la estrategia de comercialización basada en la presencia ubicua del aparato gubernamental en la cadena producción-consumo dejó de ser económicamente viable debido a que implicaba un enorme desembolso en forma de subsidios.
Una vez que se decidió iniciar el proceso de apertura comercial con la entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y posteriormente con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Estado procede a eliminar los diversos mecanismos de intervención comercial ejercidos principalmente por la desaparecida Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).
Así, se eliminaron los precios de garantía y las funciones de acopio y transformación, se privatizaron y transfirieron a los productores empresas como Almacenes Nacionales de Depósito (ANDSA) y Bodegas Rurales Conasupo (Boruconsa), respectivamente; se estableció una política de subsidios directos al ingreso de los productores de granos básicos, entre otras medidas.
La creación de organizaciones de productores fue vista como la única posibilidad de sobrevivencia. Representaba una valiosa opción de autoempleo, ante la drástica contracción del mercado laboral que empleaba el Estado y su red de instituciones y empresas paraestatales.
Organización de productores
Acorde con el documento Servicios para el Desarrollo Rural: aprendiendo de lo que ya funciona, publicado por Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM), después de analizar una muestra representativa de un universo de 400 organizaciones de productores distribuidas en 25 estados de la República, se asentó que actualmente la figura jurídica dominante es la SPR con 40 por ciento de los casos, seguida por las UE con 13 por ciento y la SA con 10 por ciento.
La investigación señala que del análisis de figura jurídica que adoptan las empresas comercializadoras destacan dos cuestiones relevantes:
1.– A diferencia de lo que ocurría todavía en 1994, cuando las figuras dominantes de organización formal eran aquellas que no tenían como miembros a personas en lo individual sino a personas morales, como las UE que constituían la forma de organización predominante, pues 35 por ciento de los ejidatarios pertenecían a éstas en ese entonces, hoy en día las figuras dominantes son las que agrupan a personas físicas, tales como las SPR y las SSS.
2.– En contraste con la situación prevaleciente a principios de los noventa, cuando las organizaciones de segundo y tercer grado (UE y ARIC) solían agrupar a todos los ejidatarios de un ejido, las nuevas organizaciones de este nivel agrupan sólo a figuras integradas por una parte de los miembros de los ejidos y comunidades. Tal es el caso de las denominadas empresas integradoras, que en la mayoría de los casos se constituyen bajo la figura legal de SA y en menor proporción de ARIC y que a su vez integran a SPR, SSS, SCoop y en menor escala a ejidos y UE.
Estos dos hechos sugieren que las nuevas formas de organización en el campo se caracterizan por ser selectivas en su proceso de conformación. Sólo se integran a ellas productores que aún cultivan la tierra y tienen interés de realizar proyectos productivos o de comercialización en común y hacer gestiones de problemas comunes.
La confianza recíproca y los intereses comunes también resultan fundamentales, de esto deriva que una parte muy importante de sociedades se caracterice por su reducido tamaño –45 socios en promedio– y sus fuertes lazos familiares. La propia Ley Agraria ha hecho posible que esto ocurra, ya que todavía antes de 1992 a los ejidatarios se les impedía conformar SPR, figura que sólo podían adoptar productores privados.
Resitencias
Debido a la forma vertical, clientelar y paternalista en la que el Estado procedía a conformar organizaciones económicas en el pasado, en el productor prevalecía la duda y el rechazo hacia cualquier intento de organización, pues asociaban el término a corrupción, fracaso e ineficiencia. Por ello los productores con extremada desconfianza observan y evalúan meticulosamente cada nueva organización esperando a que llegue el fracaso; no obstante, en la medida en que se empiezan a ver resultados tangibles, los productores analizan las ventajas de estar organizados o no, así sobreviene el interés de formar una nueva organización o integrarse a una ya existente.
Se ha disipado la duda de que la formación de organizaciones con un número reducido de integrantes podría ser un riesgo, pero esta posiblidad es mínima y, por lo tanto, inviable.
En realidad se encontraron evidencias de que una empresa pequeña puede acceder a los precios más altos que paga el mercado, contratar cobertura de precios o cualquier servicio financiero o no financiero, si conjuntamente con otras empresas de similar magnitud estructuran redes o empresas integradoras que compacten volúmenes de grano, crédito o primas de seguro y negocien en igualdad de circunstancias con cualquier monopolio, institución financiera o de desarrollo.
El estudio indica que 79 por ciento de las empresas no circunscriben su ámbito de acción sólo a la comercialización, sino que ofrecen hasta nueve grandes líneas de servicios que a su vez se pueden desdoblar hasta en 18 servicios específicos.
Dentro de esta mezcla de servicios destaca –por el número de empresas que la ofrecen, 74 por ciento– el comercial, bajo la modalidad específica de compraventa de cosechas.
En segundo término se encuentra el servicio de abasto de insumos, en la modalidad de compras consolidadas de fertilizantes, y en tercer lugar se halla el servicio financiero, en la modalidad de cesión de derechos de Procampo. En general, el promedio de servicios que ofrecen las empresas es de cinco, con un máximo de 12 y un mínimo de uno.
Lecciones aprendidas
Existen tres factores determinantes para que las empresas de productores ofrezcan una mezcla de servicios atractiva para sus asociados: el nivel de profesionalización de la empresa; la formación de redes interempresariales y el acceso al financiamiento.
El número de servicios que puede llegar a ofrecer una empresa, no depende de su tamaño, volumen de capital o antigüedad, sino de su capacidad de atraer y retener talento, lo que brinda la posibilidad de especializar la administración y racionalizar el proceso de toma de decisiones, es decir, de producir resultados.
La conformación de redes interempresariales resulta vital, debido a la importancia que representa la compactación de volúmenes para arribar de forma competitiva a los mercados.
La capacidad de asociación que demuestren las empresas integradas por productores resulta determinante para presentar una mezcla de servicios atractiva a sus asociados.
Una condición necesaria para impulsar el desarrollo de las empresas de productores lo constituye el acceso a financiamiento de diversa índole, una vez que los servicios financieros son incorporados a la cartera de la organización se abre la posibilidad de realizar compras de insumos en común, ofrecer asesoría técnica y capacitación, lo que representa un verdadero detonante.
Las formas institucionales más eficientes y eficaces para organizar la prestación de servicios a las comunidades rurales, son aquellas que implican el establecimiento de alianzas entre el Estado, la sociedad rural y la empresa privada, en donde aquél aparece como motivador y facilitador, más que como ejecutor.
Alianzas que deben convertirse en la base de un nuevo enfoque orientado a brindar servicios económicos a las comunidades rurales, para impulsar iniciativas tendentes a generar oportunidades de empleo e incrementar la productividad en armonía con el medio ambiente, que además se traduzcan en la generación de activos estrechamente vinculados a las áreas de desarrollo humano y de capital social, lo que crea las condiciones para lograr efectos multiplicadores.
