Dentro de tan sólo 22 años, para 2025, dos terceras partes de la población mundial vivirán una grave escasez de agua, mientras la otra parte padecerá por la falta absoluta del vital líquido, de acuerdo con un reporte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Este panorama justifica declaraciones de legisladores y de estudiosos de los recursos hídricos, en torno a que la disputa por el agua podría ser motivo de inestabilidad y de conflicto entre colonos de zonas rurales, habitantes del campo y las urbes, entre ciudades y entre naciones.
Por ejemplo, la grave sequía padecida en la zona norte de México y al sur de Estados Unidos ha generado polémica en torno a la adecuada aplicación e interpretación del Tratado de Distribución de las Aguas, firmado en 1944 por ambos
países. Así, el Consejo Binacional México-Estados Unidos se dedicó a estudiar esta situación y presentó sus resultados ante senadores, el pasado 13 de febrero.
Según palabras de Armand Peschard-Sverdrup, miembro del Consejo y director del Proyecto México del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), el reporte presentado abarcó más allá del mencionado Tratado. El informe elaborado por el Consejo Binacional se dio sobre la gestión administrativa de las aguas transfronterizas entre México y Estados Unidos, e incluye recomendaciones de políticas públicas en el mediano y largo plazos.
Las recomendaciones del Consejo Binacional México-Estados Unidos son el resultado de un trabajo patrocinado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en nuestro país, el Center for Strategic International Studies (CSIS) y la Universidad de Texas en Austin.
Las propuestas de los miembros del Consejo, entre los cuales se encuentran el senador Enrique Jackson, el presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Andrés Rozental, así como Federico Sada y Lorenzo Zambrano, presidentes del Grupo Vitro y de Cemex, respectivamente, pretenden mejorar las instituciones responsables de la distribución de las aguas y controlar el empleo del agua con fines políticos.
Sugerencias para México
A México se le sugiere reformar la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pues aunque es la encargada de conceder los derechos para el uso del agua, las municipalidades controlan los derechos asignados a ellas y tienen la facultad de concederla a actores privados, así la asignación del agua tiene un alto potencial de politizarse.
Desarrollar un consejo académico interestatal con representantes de instituciones académicas de cada estado fronterizo mexicano para mejorar la comunicación y ampliar el intercambio de información entre los estados y a través de la frontera.
Aumentar la autoridad estatal y local con el fin de que evalúen y recauden impuestos para el desarrollo de infraestructura y contraigan deuda para financiar dichos proyectos, e incrementar las contribuciones para el sector no lucrativo, pues se considera que la participación de una comunidad mexicana de organizaciones no gubernamentales pudiera incitar al movimiento en una atmósfera en que ha sido difícil lograr avances en torno a este tema por canales oficiales.
Sugerencias para estados unidos
En México, la propiedad del agua es responsabilidad federal, mientras que en Estados Unidos son los estados los principales responsables de ella, así se plantea que esta nación dé una mayor atención federal a la ordenación del agua para poder aliviar algunas de las grandes tensiones entre los estados.
Lo anterior debido a que en algunos estados del país vecino del norte, el uso del agua se rige por un precedente histórico por el cual los derechos corresponden al primero que llegó al lugar, teniendo prioridad en tiempos de poco caudal o escasez. Mientras que en otros estados los derechos municipales e industriales tienen preferencia sobre los derechos de riego.
Recomendaciones para ambos países
La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) o International Boundary and Water Commission (IBWC) es la organización oficial para la comunicación de los dos países en relación con el agua de la frontera y está facultada para solucionar controversias surgidas de la interpretación de acuerdos derivados del Tratado de Agua de 1944.
El Consejo Binacional, entre otras recomendaciones, sugiere mejorar la CILA mediante el examen de otros modelos internacionales, entre éstos, el de la Comisión Internacional Conjunta Estados Unidos-Canadá. También para reformar a la CILA se plantea mejorar el perfil político de los comisionados; estimular las contribuciones de los ciudadanos; incluir componentes de investigación y cuestiones ecológicas, así como establecer un Consejo Binacional del Agua destinado a reflejar las contribuciones de los Consejos subsidiarios de las cuencas, los que a su vez reflejarían los compromisos alcanzados por los interesados en el ámbito local.
Además se recomienda reformar el Banco para el Desarrollo de América del Norte (Bandan), cuyo propósito es contribuir a financiar proyectos relacionados con los abastecimientos locales de agua, el tratamiento de las aguas residuales y la eliminación de residuos sólidos a lo largo de la frontera de ambos países, y modificar la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef), que certifica los proyectos para su financiación por el Bandan.
Se sugiere aumentar los fondos de capital del Bandan a fin de alcanzar un objetivo común negociado entre los dos países, y autorizar a esta institución bancaria ampliar la gama de proyectos que se le permite financiar e incluir actividades viables desde el punto financiero, así como evaluar las reformas que en noviembre de 2000 se efectuaron para mejorar su eficacia y la posibilidad de utilizar sus servicios.
Nuevos marcos jurídicos
Para que sea posible obtener mejorías en la planificación y ordenación binacionales del agua, el Consejo recomienda que México y Estados Unidos tengan marcos jurídicos e institucionales instaurados para permitir el funcionamiento de los mecanismos de mercado, y así poder aprovechar las posibilidades de financiar inversiones que mejoren la eficiencia de la utilización del agua mediante la captura del valor de mercado del agua de reserva.
Asimismo, los gobiernos federales y estatales de ambos lados de la frontera deberían investigar la posibilidad de establecer mercados de agua en que los derechos al vital líquido de los diversos distritos de riego, o en algunos casos de agricultores individuales, puedan subastarse periódicamente o venderse públicamente mediante algún otro método a usuarios municipales u otros.
Se debe crear un banco de agua binacional, aumentar la autonomía estatal y local para la utilización del agua y así asignar un monto fijo de agua proporcional a cada comunidad y que ésta decida cómo usar el agua; diseñar una comisión México-Estados Unidos que funcione siguiendo las líneas de la Comisión Internacional Conjunta Estados Unidos-Canadá, y promover la fijación de precios al agua dependiendo de la cantidad disponible, el monto consumido y los costos inferiores del agua retratada para crear un incentivo de conservación del agua sin depurar.
Mejorar la calidad del agua, mediante el control de su contaminación, una adecuada eliminación de desechos peligrosos, la creación de instalaciones de tratamiento y que el gobierno de Estados Unidos o la Cocef brinde mayor asistencia técnica a México en la esfera del manejo de desechos.
Tomar medidas para detener el crecimiento demográfico en lugares que experimenten dificultades para sostener un abastecimiento suficiente de agua, quizás aplicando regímenes rígidos de fijación del precio del agua, así como mejorar la ordenación del riego agrícola por medio de la promoción de la compatibilidad de los cultivos y el clima.
