La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al presidente de la República, Vicente Fox, que «de inmediato» inicie un proceso de negociaciones con las contrapartes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el propósito de evaluar su disposición a convenir un acuerdo complementario al Capítulo Agropecuario de dicho pacto.
Diputados y senadores determinaron que dicho Tratado debe definir programas y políticas agropecuarias con alcance trilateral, que propicien niveles de apoyo similares en los países socios del TLCAN y que incorporen, y contrarresten con mecanismos específicos de cooperación y coordinación, los impactos económicos y sociales adversos, producto de las políticas internas de nuestros socios comerciales, como los puestos en marcha por Estados Unidos.
En la sesión del pasado 3 de julio, los legisladores recordaron que en las negociaciones del Capítulo Agropecuario del TLCAN prevaleció la imposición de intereses de grupos estadounidenses, como fue el caso del azúcar, carne, hortalizas, cítricos, granos, entre otros productos, sobre criterios de equidad y cooperación capaces de promover un intercambio más justo.
El Legislativo consideró que desde la aplicación del Tratado no se ha respetado la gradualidad de la apertura, tal como sucede con el maíz y otros productos agropecuarios, en donde se han importado por encima de las cuotas sin el pago de los aranceles establecidos perjudicando a los agricultores nacionales.
La Comisión Permanente también acordó exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que presente un informe sobre las acciones que emprenderá, en el marco del derecho internacional, para contrarrestar el impacto de la nueva Ley Agrícola de Estados Unidos sobre la producción agropecuaria nacional y su comercialización, además de lo que adicionalmente pueda corresponder en el marco del TLCAN y de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El órgano legislativo determinó que el Ejecutivo presente una estimación de las formas y montos de los subsidios internos o de apoyos de otra naturaleza a los productores agropecuarios nacionales, que se prevean como necesarios y complementarios para contrarrestar los efectos de la nueva legislación agropecuaria estadounidense.
Al secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, los legisladores solicitaron investigue de inmediato, para poder determinar con anticipación las eventuales cuotas compensatorias a que se harían acreedoras las importaciones subvencionadas de productos agropecuarios como resultado de la nueva Ley Agrícola estadounidense.
Pidieron también que se proceda al diseño y aplicación de mecanismos más justos y equitativos para las industrias procesadoras y para los consumidores pecuarios dentro del esquema de administración de los cupos de importación de productos agropecuarios, y se establezcan niveles de arancel a las importaciones por arriba de cupos, que equilibren las distorsiones en los precios de importación atribuible al incremento de los subsidios vinculados con la nueva Ley Agrícola de Estados Unidos.
De acuerdo con la OCDE, en los trienios 1992-1994 y 1997-1999, la población de México dedicada a actividades agropecuarias disminuyó de 25.7 a 20.9 por ciento.
El Senado indica que en México no se han canalizado los recursos ofrecidos en un momento como vía para compensar a los productores agropecuarios de los efectos de la apertura. De 1994 a la fecha los recursos para los pagos directos y apoyos a la comercialización se han reducido en casi 60 por ciento con respecto al monto originalmente propuesto.
