MATAMOROS, Tamps.— Frente a una de las más severas crisis del campo mexicano y la apertura casi total del sector agropecuario en 2003, existe una profunda preocupación de los agricultores mexicanos ante la asignación de subsidios del gobierno de Estados Unidos a sus productores por 18,000 millones de dólares al año durante un decenio, mientras que el gobierno mexicano anunció un blindaje de 2,000 millones de dólares por año, en el cual se incluyen Procampo y Alianza para el Campo.
Éste fue uno de los planteamientos realizados por la Confederación Nacional Campesina (CNC) durante su XXIV Congreso Nacional, realizado del 25 al 28 de agosto pasado, donde también se pidió la suspensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), solicitud que fue rechazada por el secretario de Economía.
Durante su intervención, Heladio Ramírez López, dirigente de la CNC, advirtió que “el campo está en el umbral de su crisis más severa: su completa bancarrota y extinción”, y añadió: “el campo no puede esperar la entrada en plenitud de un tratado de libre comercio que provoque mayor dependencia, falta de empleos, migración, hambre y carestía, no sólo para los campesinos, sino para todos los mexicanos”.
El dirigente cenecista, quien en su mensaje de inauguración estuvo acompañado por el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo, y el gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, entre otras personalidades, destacó que ante la situación de pobreza que prevalece en el campo, urgen los apoyos económicos en las zonas rurales, la seguridad en la tenencia de la tierra, la revisión del TLC, y las soluciones inmediatas para enfrentar la globalización y no provocar así un desbordamiento social.
En su oportunidad, el secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, mostró su preocupación por el blindaje agropecuario estadounidense y por la competencia desigual ante el TLCAN, el cual no se puede anular, como pedían miembros de la CNC. La estrategia de su secretaría, dijo, además de los distintos convenios con sectores privados y gobiernos de los estados, es el apoyo por más de 300 millones de pesos para proyectos agroindustriales.
Otro funcionario que asistió al congreso fue el secretario de Hacienda, Francisco Gil, quien señaló que su dependencia pone principal énfasis en el financiamiento rural mediante las distintas entidades públicas de crédito como Banrural, FIRA, Agroasemex y Focir.
Gil Díaz argumentó que cerca de 83 por ciento de los créditos otorgados por Banrural se concentran en productores de ingresos bajos y medios; por su parte, FIRA ha canalizado más de 17,000 millones de pesos en créditos permitiendo atender con este financiamiento a 950,000 productores en lo que va del año, de los cuales 95 por ciento son de bajos ingresos.
Ante el secretario de Hacienda, algunos campesinos expresaron “no nos oponemos al Tratado de Libre Comercio, pero sí a la introducción indiscriminada de productos y subproductos agrícolas que ponen en riesgo la rentabilidad y la producción nacional”.
Ya en el cierre de los trabajos, el titular de la Sagarpa, Javier Usabiaga Arroyo, declaró que el futuro del campo mexicano está en manos de todos, y advirtió que lo que no se hizo en su tiempo para asegurar condiciones de equidad para los productores nacionales, otros lo están capitalizando y los mexicanos lo estamos pagando. Usabiaga expresó que la secretaría se compromete a apoyar el desarrollo de los sectores agropecuarios de modo que sea rentable y competitivo.
Ramírez López concluyó que no hay sistema o producto que no esté en crisis: “café, maíz, trigo, frijol, algodón, arroz, frutales… los ganaderos, los cebaderos, los cañeros, los piñeros, los meloneros, etcétera”, y añadió que dos tercios de los 25 millones de habitantes del agro están empobrecidos por lo que hay una migración de 500,000 campesinos al año.
De manera directa, Heladio Ramírez exigió la revisión del TLC en el sector agropecuario, pues “si continúa esta realidad o si aplicamos políticas equivocadas, llegaremos a un punto de injusticia y pobreza que superará nuestros reclamos o lamentos y el resultado final puede ser el desbordamiento social”.
“Hoy, 7 millones de campesinos, de los que un millón son mujeres, trabajan en el campo, 40 por ciento como productores y 60 por ciento como trabajadores, una tercera parte del total, sin pago alguno, es decir más de 2 millones de campesinos”, añadió.
