Legislación Ambiental

Polemizan senadores sobre el artículo 27 constitucional

No está fracasando un aspecto de la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), sino toda una política económica puesta en práctica en México desde hace 3 sexenios, la cual tuvo su momento culminante en 1992, cuando se modificó el artículo 27 constitucional y se inicio el desmantelamiento de todo el aparato del Estado mexicano para apoyar al campo, señaló el senador Raymundo Cárdenas Hernández y con ello dio inicio al debate.

Para el senador perredista, hoy está haciendo crisis una política que se ha venido aplicando en el país desde el gobierno de Miguel de la Madrid, con el sometimiento de México a la política del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que incluyó la reforma al artículo 27 de la Constitución con la oferta de que el campo iba a vivir épocas de prosperidad.

Por su parte, el senador José Eulogio Bonilla Robles (PRI) comentó que dicha reforma hubiera sido un éxito, hubiera dado seguridad y certeza a la tenencia de la tierra, tanto en ejidos y comunidades, como en pequeñas propiedades, pero hubo presiones, y quedó con un Tercero Transitorio, para que todos los asuntos pendientes se dirimieran mediante esta instancia que ha servido de fuga, porque todas las cuestiones agrarias se han anexado y han continuado resolviéndose conforme a la legislación anterior. «Todo ha quedado prácticamente en stand by y el 27 constitucional no ha logrado aterrizar», apuntó.

A su vez, el senador Juan José Rodríguez Prats (PAN) sostuvo que las modificaciones al citado artículo constituyeron una reforma de las de mayor trascendencia y muy acertada, pues permitieron concluir con el reparto de la tierra.

De igual forma opinó el priista Jorge Zermeño Infante, quien afirmó que dicha reforma fue una medida necesaria e importante, pues países como China tardaron 3 años para hacer una reforma agraria y México tenía más de 70 años hablando todavía de reparto de las tierras.

Aunque Zermeño Infante también señaló que dicha reforma partió de un propósito sano, de acabar con el latifundio, de acabar con el acaparamiento de tierras en pocas manos, llegó a la exageración y convirtió a ese reparto agrario en una situación de minifundio empobrecedor que no contribuyó realmente a elevar la calidad de vida de los habitantes del campo.

No obstante, manifestó que la reforma del 27 también buscó dar certeza jurídica para los habitantes del campo, pues había varias autoridades en esta materia, empezando por el presidente de la República, los gobernadores, las Comisiones Agrarias Mixtas y una serie de organismos burocráticos que lo único que hacían era traer a los campesinos, a los ejidatarios, de un lado para otro y el rezago en la resolución de estos conflictos era más de tipo político burocrático, que con una verdadera certeza jurídica.

Así, dijo, se crean los Tribunales Agrarios y la Procuraduría Agraria, para dar certidumbre jurídica, terminar con el rezago agrario y para apoyar a los verdaderos ejidatarios.

Por lo tanto, concluyó, la reforma del 27 no es la base del fracaso agrario que viene de muchos años, sino de la manipulación política, el corporativismo, como decía un ex secretario de Agricultura en 1970, Óscar Brauer Herrera, quien reconocía que los campesinos en este país estaban organizados para votar y no para producir.

Finalmente, el senador Gerardo Buganza Salmerón (PAN) determinó que es tiempo de quitar el Tercero Transitorio para poder avanzar y que haya crédito en el campo, pues si no hay seguridad en el campo, difícilmente vendrá la inversión.

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