Legislación Ambiental

Pagan a EU, deben a agricultores nacionales

Diputados y senadores de diferentes partidos han abordado la problemática del distrito de riego 025, ubicado en Tamaulipas, cuyos usuarios fueron perjudicados al haberse utilizado el agua que les correspondía para proporcionársela a productores tejanos y así saldar el déficit con Estados Unidos, de acuerdo con el Tratado de Distribución de las Aguas Internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo, suscrito en 1944.

Los legisladores han abogado por este propósito, incluso ante el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, quien el pasado 20 de junio aseguró al Congreso que el pago a los agricultores era inminente.

Sin embargo, casi un mes después (10 de julio), el Congreso volvió a solicitar al Ejecutivo federal dar cumplimiento en su totalidad al pago establecido por los daños ocasionados durante el ciclo agrícola 2000-2001, y de igual forma le solicitó tomar medidas presupuestales para compensar el monto real de los daños ocasionados en el ciclo 2001-2002.

Analizan propuesta azucarera

El Congreso de la Unión analiza una propuesta presentada por el senador Lauro Díaz Castro, para solicitar al Poder Ejecutivo Federal readecuaciones a la actual política azucarera nacional y pedir a las dependencias responsables del sector la presentación del Programa Nacional Azucarero, a fin de disponer del nivel de especificación y detalle que permita el proceso coherente en las acciones de corto y mediano plazos.

El senador se pronunció por aplicar mecanismos para que los ingenios cumplan con las cuotas para colocar los excedentes de azúcar en el mercado de exportación y requirió que las autoridades precisen criterios y acciones a los que deberá sujetarse la industria nacional productora de jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, a fin de que contribuya también a la estabilización del mercado nacional de azúcar de caña.

Maíz transgénico

El pasado 10 de julio, el diputado Miguel Bortolini Castillo propuso al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal adopte medidas para detener las importaciones de maíz transgénico proveniente de Estados Unidos, hasta que la Comisión de Cooperación Ambiental dictamine respecto a la contaminación de maíz criollo nativo de Puebla y Oaxaca y sobre los efectos ambientales que cause la presencia de organismos modificados genéticamente en el campo mexicano.

Además planteó que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), adopte medidas para aplicar la moratoria impuesta por la Comisión Intersecretarial sobre Diversidad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), a la siembra comercial de maíz transgénico.

México importa anualmente 6 millones de toneladas de maíz de Estados Unidos que no cuentan con ningún control y supervisión, y desde 1996 aquel país se dedica a la producción masiva de maíz transgénico, por lo que el legislador consideró que no resulta ilusorio pensar que la mayor parte de las importaciones a nuestro país son de maíz modificado genéticamente.

Piden crear secretaría de pesca

La creación de una secretaría de pesca fue una de las demandas de los diputados de los congresos estatales y federales, durante el Primer Encuentro Nacional de Legisladores en Materia Pesquera efectuado el pasado 4 de junio en la Cámara de Diputados, con la finalidad de mejorar el marco legal de la pesca y la acuacultura.

El diputado Roberto Preciado Cuevas, secretario de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, leyó las conclusiones, entre las que se encuentra establecer un programa de apoyo al sector similar al de Alianza para el Campo; destinar mayor presupuesto para la inspección y vigilancia de la actividad pesquera; mayor apoyo y promoción a la acuacultura; que todos los congresos cuenten con una comisión encargada de forma particular del sector pesquero; realizar estudios previos para fundamentar reformas legislativas y más recursos para infraestructura de producción y comercialización.

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