Las actividades productivas en las zonas de amortiguamiento de las reservas de la biosfera, solo pueden ser realizadas por las comunidades que allí habiten
Ciudad de México.— Fue frenada la autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al proyecto minero Los Cardones, el cual pretendía desarrollar actividad de minería a cielo abierto en Baja California Sur.
Con base en un juicio de nulidad presentado por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav), el poder judicial declaró nula la autorización por lo que la dependencia deberá emitir un nuevo resolutivo en donde considere las conclusiones planteadas en la sentencia.
Lo anterior implica en términos prácticos que la empresa promovente ya no cuenta con autorización que avale los impactos ambientales de su proyecto. La decisión tomada por el tribunal no implica de ninguna manera que el nuevo resolutivo que emita la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA) de la Semarnat deba ser favorable a las pretensiones de la empresa minera.
En la sentencia emitida el 9 de febrero del presente año, el tribunal establece que no se respetó en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental lo señalado por la ley en la materia, en el sentido de que las actividades productivas en las zonas de amortiguamiento de las reservas de la biosfera, solo pueden ser realizadas por las comunidades que allí habiten al momento de la expedición de la declaratoria o con su participación.
“Este es un hecho que marca un precedente a nivel nacional e incluso internacional, hemos logrado por cuarta vez detener un megaproyecto minero que amenaza nuestra agua y, por ende, nuestra calidad de vida. El Frente Ciudadano continuará trabajando en la generación de instrumentos legales que blinden el estado ante la amenaza de megaproyectos mineros. Confiamos que con este importantísimo triunfo logrado por todos los sudcalifornianos que de diversas formas han contribuido en este movimiento ciudadano, los servidores públicos tomen conciencia de la importancia de la participación ciudadana en la gestión ambiental”, comentó Irina Trasviña, vocera oficial del Freciudav.
La zona en la que pretendía llevarse a cabo la actividad de extracción minera es un área natural protegida (ANP) en modalidad Reserva de la Biosfera, denominada Sierra La Laguna, principal fuente de abastecimiento de agua dulce para el sur del estado, cuyo decreto data de junio de 1994 y su programa de manejo de 2003. Así también, se encuentra listada en la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y en los sitios prioritarios para la conservación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
Según el promovente del proyecto minero, se pretendía ocupar una superficie de 543 hectáreas distribuidas en un emplazamiento minero (dos tajos, tepetateras, presa de jales, planta de procesos y obras de protección pluvial), un acueducto de 36 kilómetros que conectaría con una planta desalinizadora ubicada en la costa del Pacífico, la apertura de un camino de acceso, además de otras infraestructuras. Todo lo anterior a pesar de que el decreto de la ANP Sierra la Laguna prohíbe dentro de la reserva, “verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de corriente o depósito de agua, y desarrollar actividades contaminantes”.
“La sociedad civil organizada de Baja California Sur luchó contra la megaminería tóxica en los tres frentes potenciales: la apabulló en las redes sociales, frenó su operación desde la resistencia civil, y triunfó en la contienda judicial ante los tribunales. Somos la primera comunidad en América Latina que logra vencer en los tres frentes y detener la actividad minera, antes del inicio de sus operaciones”, estableció Arturo Rubio Ruiz, asesor jurídico del Freciudav.
Hasta hoy, el proyecto Los Cardones había intentado varias veces operar con distintos nombres: Paredones Amarillos desde la década de 1990 hasta 2010, en ese entonces propiedad de la empresa canadiense Vista Gold; Concordia en 2010 y Los Cardones en 2011 y 2012. Posteriormente la empresa Vista Gold vendió dicho proyecto al grupo Invecture (con Ricardo Salinas Pliego como accionista principal) en el año 2013, quienes operan mediante la filial Desarrollos Zapal, SA de CV.
Fuente: Teorema Ambiental
