Ante la falta de responsabilidad de algunos servidores públicos fue necesario e imprescindible establecer medidas y controles
Baja California Sur (México).— Luego de comprobarse la falta de supervisión por parte de ex funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en la entidad, se emprendieron acciones para garantizar la continuidad del monitoreo de la mortandad de la tortuga amarilla (Caretta caretta) en el golfo de Ulloa, Baja California Sur.
Estas acciones se llevarán a cabo a fin de atender las observaciones de Estados Unidos y demostrar al país vecino que México sí aplica las regulaciones para la protección de la tortuga amarilla.
Cabe señalar que la delegación federal de la Profepa en Baja California Sur dio de baja al subdelegado de Recursos Naturales, Antonio Jesús Díaz Rondero, al comprobarse la falta de supervisión en el trabajo que realizaban los inspectores federales a su cargo.
El monitoreo aplicado por el Grupo Tortuguero de las Californias demuestra que el hallazgo de cadáveres de tortugas marinas decreció más del 80 por ciento en el periodo de 2012 a 2015, toda vez que las tortugas marinas muertas registradas fueron mil en 2012, 951 en 2013, 214 en 2014 y 172 en 2015. Para el periodo de enero a mayo de 2016 se han registrado un total de 112 cadáveres de tortugas.
Es de resaltar que los datos sólo reflejan el número de organismos muertos encontrados en la zona, mas no la interacción entre la pesca y las tortugas marinas por lo cual no se demuestra, hasta este momento, que la causa de la mortandad sea en su totalidad por la pesca incidental.
La Profepa coadyuva con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) en la implementación de las regulaciones aplicadas en el último año, para la protección de las tortugas marinas en el golfo de Ulloa, que incluye el establecimiento de un refugio pesquero, la implementación de un programa de protección y un programa de monitoreo con observadores a bordo y cámaras de video instaladas en las embarcaciones.
Asimismo, se apoya en las estrategias que el gobierno federal aplica para demostrar que el país cuenta con las regulaciones necesarias para garantizar la compatibilidad entre la pesca y la protección de las tortugas marinas, señaló esta dependencia por medio de un comunicado.
Por el contrario, ante la falta de responsabilidad de algunos servidores públicos fue necesario e imprescindible establecer medidas y controles, y con base en las atribuciones y obligaciones de la delegación se denunciaron los hechos ante la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades, puntualiza.
De esta manera, la Profepa se suma a evitar el posible embargo pesquero, al garantizar la toma de información de campo que apoye en la investigación sobre la interacción pesca-tortugas marinas y el cumplimiento de las regulaciones establecidas.
Fuente: Teorema Ambiental
