La violencia contra los defensores del bosque se da en un contexto de marginación y pobreza
Ciudad de México.— El reciente asesinato de Isidro Baldenegro López, defensor del territorio indígena en la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua, muestra la violencia y los riesgos a los que están expuestos los defensores de los recursos naturales de las comunidades, señalaron organizaciones de la Alianza Legalidad para la Sustentabilidad Forestal (Alesfo).
Los hechos de violencia en la zona no son recientes ni aislados. En 1986, el señor Julio Baldenegro, padre de Isidro, fue asesinado por defender los bosques de su comunidad. Además, otros integrantes de la etnia rarámuri han sido asesinados por los mismos motivos. En 2003, Isidro fue encarcelado bajo señalamientos infundados y fue liberado.
Recientemente, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó su informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2016, en el que se identifican entre julio de 2015 y junio de 2016, 63 casos de ataques, incluyendo 139 personas víctimas de agresiones, 10 organizaciones y 20 comunidades campesinas y/o indígenas.
De las agresiones que se registraron, el 43 por ciento provienen de autoridades del Estado mexicano de los distintos órdenes de gobierno; sin embargo, el 31 por ciento de los agresores no fueron identificados, mientras que el 2 por ciento de estas agresiones fueron cometidas por grupos del crimen organizado. Las afectaciones más reclamadas por los defensores —sobre todo contra pueblos indígenas y campesinos— están relacionadas con la defensa de la tierra y el territorio, así como del agua, elementos sin los cuales la propia subsistencia de las comunidades se ve amenazada. Asimismo, señaló que la corrupción y la impunidad han sido señaladas como factores que propician las agresiones a las y los defensores del medio ambiente, así como el incremento de los conflictos socio-ambientales.
México tiene un marco jurídico relativo a derechos humanos, indígenas, territoriales, ambientales y forestales que debe ser aplicado cabalmente y por igual para todos, para evitar que la ilegalidad siga creciendo. La violencia contra los defensores del bosque se da en un contexto de marginación y pobreza que, aunadas a una falta de políticas efectivas para el desarrollo rural y a una vigilancia ineficiente y en ocasiones corrupta y cómplice, generan condiciones de ingobernabilidad en las regiones forestales, ocasionando ambientes propicios para la delincuencia, que afectan a las comunidades de por sí vulnerables por estar en condiciones de marginación.
Por eso, en un contexto donde miles de familias viven en la pobreza extrema y muchas comunidades carecen de derechos sobre su territorio ancestral, se vuelve necesaria una investigación profunda, a cargo de la Profepa, sobre las causas de la ilegalidad, que resulte en la formulación de un programa nacional integral de combate a la ilegalidad, que incluya oportunidades productivas, mejoras en la vigilancia, más participación de las comunidades y pueblos indígenas, mejor distribución de los beneficios del manejo forestal, para así, mejorar la regulación al servicio de los bosques y las personas que en ellos habitan.
Exhortamos a las autoridades a no aprovechar el caso de Isidro para obstaculizar el manejo forestal de las comunidades que lo hacen de manera legal. Por lo contrario, es importante que las autoridades responsables de la regulación y fomento forestal, como la Conafor, Semarnat, CDI y otras, reconozcan, promuevan y faciliten el manejo forestal sustentable, ya que es una de las mejores estrategias para erradicar la pobreza en zonas rurales y generar beneficios ambientales para la sociedad en general. México es un ejemplo mundial en manejo forestal comunitario. Tenemos más de 992 empresas forestales comunitarias (EFC), con diferentes niveles de organización y producción; su trabajo ha logrado demostrar que un bosque bien manejado y que da beneficios a sus dueños es menos vulnerable ante amenazas como la tala ilegal, el crimen organizado y cambio climático, así como a las presiones para el cambio de uso del suelo, refirieron las organizaciones mediante comunicado.
Demandamos a las autoridades a proteger la integridad y derechos humanos de las personas, organizaciones o comunidades que trabajan en la defensa del medio ambiente, particularmente de los indígenas que luchan por su territorio ante el crimen organizado y otras amenazas, como minería y megaproyectos. Exigimos el cese de la represión a las personas que defienden su territorio, se deje de criminalizar la protesta, se respete el marco legal y se deje de amedrentar a las personas y comunidades que defienden su derecho al territorio, su desarrollo, un medio ambiente sano y una vida digna. Es indispensable que se resuelva la histórica injusticia que prevalece en la Sierra Tarahumara relativa a la propiedad de la tierra, que deja fuera de este derecho a miles de indígenas, puntualizaron.
Fuente: Teorema Ambiental, imagen
