Entre las más graves está que se ha sembrado de manera ilegal soya transgénica, a pesar de que el permiso está sin efectos
Ciudad de México.— El pasado 4 de noviembre de 2015 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió varias sentencias en contra de un permiso otorgado a Monsanto para la siembra de soya genéticamente modificada en diversas regiones del estado de Campeche, declarando la suspensión del permiso y ordenando se efectuara una consulta “previa”, sin embargo no se ha dado cumplimiento a estas resoluciones.
Ante la ausencia de condiciones para garantizar el cumplimiento de las sentencias 498/2015, 499/2015 y 500/2015, representantes del Colectivo de Comunidades de los Chenes, pertenecientes al municipio de Hopelchén, Campeche, acudieron a la Suprema Corte para expresar sus preocupaciones y exigir al máximo tribunal que establezca las medidas necesarias para hacer efectivas esas resoluciones.
Asimismo, representantes del colectivo denunciaron que se han sucedido diversas irregularidades en el proceso que exhiben una flagrante violación a lo establecido por la Suprema Corte en sus resoluciones.
Entre las más graves están: A) se ha sembrado de manera ilegal soya transgénica, a pesar de que el permiso está sin efectos; B) ha habido amenazas, intimidación e insultos a representantes comunitarios y asesores legales de las comunidades durante las sesiones de la consulta; C) ausencia de imparcialidad de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) que ha promovido las bondades del modelo agrícola industrial y la inocuidad de sustancias tóxicas como el herbicida glifosato, a pesar de su papel como organizador de la consulta y no como promovente de la soya transgénica; D) omisión de las dependencias federales: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Ministerio Público Federal (MPF), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para investigar y castigar la siembra ilegal de soya transgénica, la deforestación asociada a ella y la afectación a los recursos hídricos de la región, E) ausencia de información a las comunidades sobre las medidas de monitoreo para evitar la siembra ilegal de soya transgénica, entre las más graves.
Muchas de estas irregularidades han sido documentadas por la Misión de Observación ciudadana instituida para dar seguimiento al proceso de consulta y también reconocidas por la propia Cibiogem, quien el 5 de diciembre del año pasado ante las y los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoció que existían cuando menos 300 hectáreas de soya transgénica sembradas en el municipio de Hopelchén, sin que hasta la fecha exista información sobre las sanciones implementadas ni sobre el destino de esa soya ilegalmente sembrada.
Frente a estas irregularidades, los representantes de las comunidades han acudido tres veces al Juzgado Segundo de Distrito de Campeche a solicitar se inicie el incidente de inejecución de sentencia; no obstante, dicho órgano juzgador se ha negado sistemáticamente a establecer las medidas de apremio necesarias para que la sentencia sea efectiva y se cumplan los lineamientos establecidos por la Corte, lo cual pone en entredicho la voluntad y capacidad del citado juez para cumplir con una labor esencial del Poder Judicial de la Federación que es hacer realidad sus resoluciones. Por ello, las y los representantes de las comunidades han acudido a exigirles a los ministros que se cumplan las condiciones establecidas en su sentencia. También les externaron la falta de credibilidad y fuerza de sus sentencias y como institución.
Fuente: Centro Mexicano de Derecho Ambiental
