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Anulan permiso para sembrar soya transgénica en Yucatán

El juez Primero de Distrito en el estado de Yucatán dictó sentencia anulatoria con lo queda prohibida la siembra de soya transgénica

Mérida, Yuc. (México).— Quedó anulado el permiso otorgado a la empresa Monsanto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que permitía la siembra comercial de soya transgénica en Yucatán.

El juez Primero de Distrito en el estado de Yucatán dictó sentencia anulatoria con lo queda prohibida la siembra de soya transgénica en escala comercial en esta entidad.

Esta resolución fue resultado de un amparo interpuesto por apicultores mayas ante la resolución de la Sagarpa, que en 2012 autorizó —con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)— la siembra de 253 mil 500 hectáreas de soya transgénica en siete estados de la República, entre ellos Yucatán.

“Para los apicultores de Yucatán, muchos de nosotros indígenas mayas, esto es un gran logro porque se reconoce nuestro legítimo derecho a decidir sobre nuestro territorio y nuestro sustento porque la apicultura es la principal actividad económica tradicional que realizamos y no queremos que nuestra miel se contamine con transgénicos”, señaló Lorenzo Itzá Ek, apicultor maya.

El 27 de febrero de 2012, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca), Miel Integradora SA de CV, la Sociedad de Solidaridad Social “Apícola Maya de Yucatán”, Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga OLE) y Greenpeace demandaron a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por la inconstitucionalidad que representaba el otorgamiento del permiso para siembra comercial de soya GM.

El juez que resolvió el amparo a favor de los apicultores mayas reconoció que éstos podrían resultar afectados en sus bienes jurídicos (económicos, laborales o ambientales) por las consecuencias que pudiera generar en el entorno natural la liberación o el cultivo de soya GM y aceptó como válido el interés legítimo de los indígenas mayas cuya principal actividad económica tradicional es la apicultura, reconociendo que requieren una protección especial por su condición de vulnerabilidad, debiéndose garantizar su acceso a la justicia efectiva.

Fuente: Greenpeace

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