Para proteger el medio ambiente y la diversidad biológica, así como contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de México, la Cámara de Diputados modificará la minuta con Proyecto de Decreto de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), aprobada por el Senado.
Durante un foro nacional sobre el tema, realizado el 4 y 5 de marzo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, se escucharon opiniones de campesinos, ambientalistas, consumidores en general y especialistas, quienes concluyeron que “se requiere una regulación donde predomine el interés público antes que el privado”.
Además, se estableció que la regulación sobre OGM “deberá considerar mecanismos como el derecho a la información, la participación social y la denuncia popular, para que toda persona física o moral, pueda denunciar ante las autoridades correspondientes todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños a la salud y al medio ambiente”.
La legisladora Rosario Herrera Ascencio señaló que la legislación debe anteponer el principio precautorio al liberar organismos al ambiente. “Es decir, en caso de presunción de riesgos o efectos no deseados por el uso de OGM y ante insuficiencia de evidencias científicas, las decisiones que se tomen seguirán invariablemente el principio de precaución: se trata de evitar posibles casos de flujo génico con consecuentes impactos al medio ambiente, la diversidad biológica y la salud humana o animal.”
La diputada federal del PRD aseveró que “se impulsarán propuestas para normar la autorización y la comercialización de organismos genéticamente modificados como alimentos y forrajes, así como su producción”.
El investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y de la Universidad de Iowa, Antonio Turrent Fernández, denunció que de un total de cinco millones de toneladas de maíz estadounidense que México importa al año, “el 70 por ciento es grano genéticamente modificado”. Expuso que el gobierno federal hace llegar 600 toneladas de este maíz transgénico mediante las despensas de los programas de apoyo a la alimentación en comunidades rurales de todo el país.
El diputado Víctor Suárez Carrera dijo que los OGM son alimentos desarrollados por unas cuantas empresas transnacionales con el objeto de aumentar sus ganancias, destruir las agriculturas campesinas e indígenas y mantener la dependencia de los agricultores a esas semillas.
Sostuvo que este tipo de productos son cuestionados y proscritos en todo el mundo, salvo en Estados Unidos, Argentina y Brasil. Por eso, “en México debemos ser muy cuidadosos con los OGM. Es un tema de interés nacional, sobre los cuales debe darse un debate general, y que no sólo que se quede en unos cuantos científicos y agentes de ventas vinculados a los grandes empresas transnacionales.”
Los especialistas y productores agrícolas previnieron a los legisladores de los posibles peligros que implica el utilizar y permitir la entrada de OGM, por lo que les solicitaron legislar con claridad respecto a la rastreabilidad de OGM y alimentos que los contienen, a fin de poder localizar en cualquier fase de la cadena de producción y comercialización de los productos que contienen estos organismos.
Esto, dijeron, facilitará el aseguramiento de la calidad y permitirá, en caso individual, la devolución encauzada de productos: “sólo con un etiquetado obligatorio y claro de los alimentos con OGM los consumidores podrán tomar una decisión de compra consciente”.
México, explicaron, tiene cerca de 10 por ciento de la biodiversidad que existe en el mundo y es un país de origen de 23 variedades de maíz.
Entre los asistentes al foro estuvieron Ignacio Chapela, de la Universidad de Berkeley; Yolanda Massieu Trigo, investigadora de la UAM-Azcapotzalco; Pablo Uribe, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Fidel Márquez Sánchez, de la Universidad Autónoma Chapingo; Sol Ortiz García, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Julien Berthaud, investigador francés y Percy Schmeiser, productor de Canadá.
Prohíbe México liberación de maíz transgénico
La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) reiteró que México decidió no permitir la liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado que impida su uso como alimento.
Así, queda prohibida tanto la experimentación como la liberación al ambiente de maíz transgénico modificado para la obtención de fármacos, vacunas, aceites industriales, plásticos o cualquier modificación que le inhiba o afecte sus propiedades comestibles.
La Cibiogem exhortó a los países firmantes del Protocolo de Cartagena —86 naciones hasta febrero de 2004 lo han ratificado— a la reflexión en torno al uso de cultivos comestibles, particularmente en centros de origen, como fábricas que generen productos que a su vez limiten o cambien sus propiedades alimenticias.
En febrero, la Cibiogem presentó los resultados de la investigación sobre la presencia de transgenes en muestras de maíz de Oaxaca y Puebla realizadas por un grupo científico, el cual concluyó que no se tiene evidencia científica de que represente un riesgo a la salud humana, a los cultivos básicos o a la biodiversidad de nuestro país, además la Cibiogem mantendrá las medidas de bioseguridad necesarias.
El grupo científico fue integrado por representantes del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y el Instituto Nacional de Ecología (INE).
