Considerado como un asunto estratégico y de seguridad nacional, el agua es uno de los más grandes desafíos que enfrenta la presente administración para garantizar la viabilidad y el desarrollo integral del país. La crisis del agua es una crisis de gobernabilidad.
La creciente escasez de agua, motivada por el aumento del consumo en sus diversos usos, disminuye también la disponibilidad del recurso en cantidad y calidad, con lo cual no sólo se pone en riesgo el equilibrio ambiental, sino también el bienestar social.
Cierto es que la problemática tiene su origen en aspectos geográficos y hasta cierto punto en otros de índole natural; empero, son la falta de planeación, el crecimiento desordenado, pero sobre todo una nula aplicación de la ley, los elementos que contribuyen a frenar su solución.
La sobreexplotación de aguas superficiales y subterráneas, descargas de aguas residuales sin control alguno, carencias de recursos financieros en el sector y un desperdicio promedio del 50 por ciento del uso del agua en el ramo agrícola, son quizá los más acentuados problemas que enfrenta hoy día el sector hidráulico nacional, sumados a la falta de cultura del agua que impera en nuestro país.
A este escenario complejo debe añadirse que aún existen 12 millones de mexicanos sin acceso al agua potable, 24 millones sin servicios de alcantarillado y drenaje y que sólo se trata un 26 por ciento de las aguas residuales que se generan en los centros urbanos, con el consecuente daño a la ecología y el medio ambiente.
Las autoridades en la materia han manifestado que para atender este rezago se requieren inversiones anuales de por lo menos 17 mil millones de pesos, más del doble de lo que oficialmente se ejerce en la actualidad.
Sin embargo, el problema no sólo es de recursos económicos, sino de una administración eficiente, en la que se pongan en práctica acciones que permitan una oportuna aplicación del marco jurídico existente sin distingo social y, desde luego, político.
El organismo encargado de administrar las aguas nacionales, a fin de garantizar la preservación de este recurso para las presentes y futuras generaciones es la Comisión Nacional del Agua (CNA). Como todo órgano normativo, esta institución debe asegurar el suministro del agua, el uso eficiente de este recurso y el reconocimiento de su valor estratégico y económico.
La CNA cuenta con cerca de 19 mil trabajadores. Lamentablemente, un alto porcentaje de este personal carece del perfil adecuado para lograr los actuales objetivos del organismo, delineados en su Programa Hidráulico Nacional, y que están más enfocados a la administración del recurso que a otros aspectos operativos y constructivos, los cuales hasta hace una década eran su fuerte.
Lo anterior se funda en las modificaciones que se hicieron al marco constitucional y que establece como una responsabilidad de los estados y municipios proveer de los servicios básicos a su población, entre ellos el agua potable y el servicio de alcantarillado, además de establecer la disponibilidad del agua y garantizar la conservación de los mantos acuíferos.
Para este fin, la CNA planteó desde hace más de ocho años, desarrollar un profundo proceso de descentralización y desconcentración de funciones, a fin de dedicarse a lo que la propia ley le establece: administrar. No obstante, éste sigue siendo uno de sus más grandes pendientes.
La dependencia diseñó seis grandes estrategias encaminadas a lograr un uso eficiente del agua en la producción agrícola; ampliar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; lograr el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos; promover el desarrollo técnico y administrativo del sector hidráulico; consolidar la participación de los usuarios en el manejo del agua y promover una verdadera cultura de su buen uso, y disminuir los riesgos y efectos por inundaciones y sequías.
Sin embargo, la realidad nos muestra que los esfuerzos de planeación y ejecución de estos objetivos han sido insuficientes para alcanzar los preceptos que enarbola en su misión y visión institucionales.
Por ejemplo, dentro de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales se establece que los derechos de concesión del agua solamente se entregarán cuando haya caudales disponibles que no afecten derechos de terceros, ni pongan en riesgo la disponibilidad y servicios ambientales. Sin embargo, tal punto no parece cumplirse de forma óptima.
Muestra de ello son las propias reformas que ha tenido que formular el Poder Legislativo para reformar y modificar la Ley de Aguas Nacionales, a efecto de sumar los esfuerzos de otras instancias de gobierno que permitan lograr la sustentabilidad de este valioso recurso, mediante un equilibrio entre su oferta y su demanda.
Sólo así podrán revertirse tendencias como son un sobreconcesionamiento del recurso en regiones donde la disponibilidad promedio por habitante es muy baja, como en el Valle de México, donde cada persona dispone ya tan sólo de 170 metros cúbicos de agua anualmente y todavía se registra un aumento en su sobreexplotación, derivado del crecimiento urbano e industrial.
En México cada año se consumen 72.2 millones de metros cúbicos de agua; el 78 por ciento se utiliza para fines agrícolas y el resto se distribuye en servicios domésticos, urbanos, industriales y pecuarios. En el medio rural la situación es grave: nueve millones de habitantes carecen de agua potable y 17 millones de alcantarillado.
El uso y desperdicio excesivo del agua en el sector agrícola, que emplea casi 80 por ciento del recurso, es un factor determinante en el logro de una administración eficiente del recurso, ya que ahorros de tan sólo un 5 por ciento en ese sector podrían permitir el abastecimiento de las ciudades y del sector industrial sin necesidad de incrementar la oferta.
Es importante recordar que el objetivo fundamental de las reformas y derogaciones a la Ley de Aguas Nacionales era la constitución de un instrumento jurídico que permitiera fortalecer la administración de los recursos hidráulicos y la participación social.
La descentralización de facultades, funciones, responsabilidades, programas y recursos de la CNA debe enfocarse a la administración y preservación de los recursos hidráulicos de manera eficaz y equitativa, para satisfacer de forma eficiente los intereses regionales. Empero, este objetivo aún no se materializa.
Mientras en la CNA no exista una correcta aplicación de las políticas administrativas y normativas, difícilmente los programas encaminados hacia un manejo sustentable del agua podrán constituirse en una realidad. La descentralización de funciones no debe limitarse al traslado de facultades o responsabilidades a los estados.
La CNA debe entonces actuar como el órgano rector de la política en materia de recursos hidráulicos para lograr un manejo sustentable del agua; para ello, es importante su fortalecimiento como institución. Al considerar el agua como un recurso de seguridad nacional, es necesario establecer una nueva cultura de participación social en la toma de decisiones y lograr el cambio en las políticas públicas y administrativas del sector hídrico.
El uso sustentable de los recursos hidráulicos será posible cuando los suministros de agua potable lleguen de forma eficiente a la población; cuando el agua sea vista como un insumo en la actividad económica.
El manejo correcto de los recursos hidráulicos debe aportar, prioritariamente, bienestar social, y propiciar el desarrollo económico, bajo un esquema en el que la autoridad permita una verdadera participación formal de los usuarios en la solución de sus propias problemáticas, dando con ello un paso real en materia de federalismo.
