La hidroeléctrica de Belo Monte sería construida en el corazón de la Amazonia
SAO PAULO (BRASIL).— El juez federal Antonio Carlos de Almeida Campelo ordenó la suspensión de la licencia y la licitación tras examinar una demanda presentada por el Ministerio Público Federal, que hace unas semanas denunció los “graves daños” que causaría al ecosistema amazónico la hidroeléctrica que el gobierno pretende construir en el río Xingú, en el estado de Pará.
Según los planes del gobierno, Belo Monte tendrá una potencia de 11 mil 233 megavatios y será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo por detrás de la china de las Tres Gargantas y la de Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay.
Almeida Campelo consideró que con la ejecución de la obra existe “un peligro de daño irreparable” para la selva amazónica.
“Está probado, de forma inequívoca, que la hidroeléctrica Belo Monte explotará un potencial de energía hidráulica en áreas ocupadas por indígenas que serán directamente afectadas por la construcción y desarrollo del proyecto”, apuntó el juez.
El magistrado ordenó además que el estatal Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) se abstenga de emitir una nueva licencia para la obra y que no se convoque a una nueva licitación.
Los pueblos indígenas que viven en las zonas donde se pretende construir la represa han denunciado que la obra destruirá su forma de vida y amenazaron con un “río de sangre” en caso de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva siga adelante con los planes de la hidroeléctrica.
En su lucha contra Belo Monte, los indios y movimientos sociales han encontrado aliados que dan proyección internacional a su causa, como el director de cine canadiense James Cameron.
Centenares de personas, entre ellas Cameron, la actriz Sigourney Weaver y miembros de la producción de la taquillera película Avatar se concentraron el lunes en la Explanada de los Ministerios, centro político de Brasilia, para protestar contra los planes del gobierno de construir la hidroeléctrica en la selva amazónica.
El juez que suspendió la licencia y la licitación dispuso además que, en caso de incumplimiento de su fallo por parte de las empresas interesadas, del Ibama o de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), se aplicará una multa de un millón de reales (unos 572 mil dólares) que serán revertidos a las comunidades indígenas afectadas.
Fuente: Noticias Yahoo
