La población rural mexicana es de aproximadamente 32 millones de habitantes, sin embargo, hoy en día 190,000 localidades no tienen acceso a servicios financieros, no cuentan con bancos y existe escaso desarrollo de la llamada banca social.
A lo largo y ancho del país existen 4.5 millones de unidades de producción rural, con una gran diversidad de necesidades financieras para su desarrollo y competitividad, así como miles de pequeñas y medianas empresas orientadas a la integración de cadenas agroalimentarias. Todas requieren financiamiento.
Lo anterior de acuerdo con un documento de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, AC (CIOAC), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), el Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano (FNDCM) y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), entre otras.
El texto presentado el pasado 27 de noviembre a las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, anota que el crédito no es el único servicio financiero que requiere el desarrollo rural y se reconoce en el ámbito internacional que la base del éxito es la movilización del ahorro. Por ello sugiere fomentar intermediarios financieros rurales, que además del crédito, proporcionen servicios de ahorro.
Propuestas complementarias de financiamiento rural
Las organizaciones apuntaron que se requiere además un ordenamiento de todos los programas de microcrédito y aquellos con componente de financiamiento, para evitar que el Estado compita deslealmente con las iniciativas autogestivas de los productores rurales, así como su reorientación para construir institucionalidad financiera.
Además, expusieron la necesidad de revisar y ajustar el marco legal de la Ley de Ahorro y Crédito Popular con un apartado para la intermediación financiera rural que permitan el surgimiento y crecimiento de nuevas iniciativas locales. Definir asimismo los incentivos de operación para organismos financieros rurales para evitar el crecimiento de unos en detrimento de otros.
Las organizaciones se pronunciaron contra del sesgo promocional de unos intermediarios financieros rurales y la discriminación y marginación de otros. En particular la promoción de Sofoles Rurales que realizan actualmente el FIRA, Banco de México y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), mediante los cuales ofrecen descuento directo (crédito barato), apoyos y subsidios para capacitación y asistencia técnica. En contraste con el nulo apoyo y promoción de uniones de crédito, cooperativas y múltiples iniciativas financieras locales. Esta promoción unilateral sesgará nuevamente el crédito hacia regiones más desarrolladas excluyendo regiones más pobres y productores que no cuentan con capital para crear Sofoles.
Propuestas
Ante la liquidación del Sistema Banrural y su sustitución por una Financiera Rural las organizaciones propusieron establecer en los artículos transitorios de la ley que crea dicho organismo un plazo de seis meses para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México presenten el procedimiento mediante el cual los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) se fusione a la nueva Financiera Rural, “para evitar la existencia de una financiera pobre para los campesinos y una banca de fomento de elite para los grandes agricultores”.
También plantearon el establecimiento, en la Financiera Rural, de un Fondo Especial de Fomento a Intermediarios Financieros, con un monto de 1,500 millones de pesos destinados a apoyar la consolidación de los actuales Intermediarios Financieros Rurales (IFR), así como la organización, promoción y constitución de nuevos intermediarios financieros rurales como cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras populares y uniones de crédito.
Con ese fondo –precisaron– la financiera rural debe invertir en bienes públicos, como formación de capital humano, capacitación, asistencia técnica, tecnologías y apoyos de operación durante los primeros años de los organismos financieros.
Las organizaciones propusieron que la Financiera opere en el primer piso sólo por un periodo de transición, no mayor a tres años. Que oriente su operación al financiamiento por medio de IFR y al fomento de intermediarios financieros rurales y agrícolas evitando ser competencia desleal para ellos. Otro planteamiento fue que por medio de la Financiera Rural el Estado se concentre en el financiamiento de inversiones de mediano y largo plazos. Se sugirió elaborar mecanismos de bonificación a las tasas de interés en los créditos de capitalización.
Para evitar fraudes y malas administraciones, las organizaciones propusieron: 1) Que el Consejo Directivo sea integrado en forma paritaria por representantes gubernamentales y consejeros ciudadanos independientes postulados públicamente y elegidos por la Cámara de Diputados, con base en su experiencia, capacidad y reputación; 2) Que el director general sea seleccionado por el Consejo Directivo mediante concurso de oposición público con base en sus capacidades profesionales y sea removido sólo por mal desempeño de su cargo. Indicaron que si bien la financiera debe ser establecida en el sector financiero, debe garantizarse su autonomía funcional y operativa. La Secretaría de Hacienda “no debe ser juez y parte, debe limitar su participación en el Consejo Directivo a un representante”.
Las organizaciones propusieron que 50 por ciento del Consejo de la Financiera esté integrado por representantes ciudadanos postulados públicamente con base en su formación profesional, dominio de la problemática rural y aceptación social. Las organizaciones representativas deben demostrar legitimidad mediante postulación pública en nombramientos decididos en la Cámara de Diputados, a semejanza de los consejeros ciudadanos del Instituto Federal Electoral (IFE).
