Modernizar el papel de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), permitir la organización gradual y progresiva de un sistema de gestión integrada y compartida entre los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal), con la participación de los usuarios y de las organizaciones sociales, es el propósito de la iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, aprobada el pasado 29 de abril en la Cámara de Diputados.
Esta propuesta es el punto de partida de la reforma estructural del sector hidráulico de México e implica la transformación de la Conagua de órgano desconcentrado a organismo público descentralizado, con dependencia directa del Ejecutivo, con una estructura desconcentrada regional por cuenca hidrológica y de corresponsabilidad con gobiernos estatales y municipales, usuarios y otros representantes sociales e institucionales.
La nueva Conagua concentrará su actuación en la definición, seguimiento y evaluación periódica de la política nacional del agua; establecimiento de prioridades nacionales; atención a los asuntos y proyectos estratégicos y de seguridad nacional; establecimiento de normas y regulaciones de carácter general; elaboración de planes y programas especiales de alcance interregional e intercuencas; coordinación del servicio meteorológico nacional; apoyo a planes y programas para atender situaciones de emergencia por fenómenos hidrometeorológicos extremos, y supervisión normativa de los Organismos de Cuenca.
Los Organismos de Cuenca tendrán el carácter de órganos desconcentrados de la Conagua, por lo que actuarán con autonomía plena de administración y operación técnica, con la participación de los gobiernos estatales y municipales y los representantes de los titulares de las secretarías de Estado, por conducto de su Consejo Técnico, el que acordará las políticas y programación hídricas regionales por cuencas, así como la administración del agua y los ingresos, bienes y recursos de dicho organismo.
En este sentido, se instauran procesos de toma de decisiones colectivas y de corresponsabilidad entre los tres niveles de gobierno, los usuarios de las aguas nacionales y representantes de grupos organizados de la sociedad, por lo que se plantea la creación y desarrollo de la Asamblea General de la Cuenca, órgano superior del Consejo de Cuenca, como instancia deliberativa de todos los problemas del agua y asuntos relacionados. Asimismo, definirá las estrategias, prioridades, políticas, líneas de acción y criterios que deberán ser incorporados en la planeación a corto, mediano y largo plazos en la cuenca.
También deberá conocer los asuntos relativos a la explotación, uso y aprovechamiento del agua, su contaminación, tratamiento y construcción de obras hidráulicas propuestas por los representantes de los diferentes usos.
La programación hídrica nacional y de las cuencas se sustentará en una red y un sistema nacional de datos e informaciones sobre el agua a cargo de la comisión, y en centros de información y consulta por el agua, de carácter regional, cuya creación y desarrollo serán apoyados por la comisión y los Organismos de Cuenca.
El Sistema Financiero del Agua determinará con claridad las distintas fuentes financieras, formas de consecución de recursos financieros, criterios de aplicación del gasto y recuperación, en su caso, de tales recursos financieros, rendición de cuentas e indicadores de gestión, así como metas resultantes de la aplicación de tales recursos e instrumentos financieros.
Al fundamentar en tribuna el dictamen, el diputado priista Jesús Burgos Pinto precisó que el dictamen busca dar respuesta a las condiciones surgidas en la última década, propiciando una gestión integral y eficiente de las aguas nacionales. Manifestó que el agua es un asunto inherente a la seguridad, estabilidad y sociabilidad, sobre todo en las naciones en desarrollo como la nuestra.
“Requerimos asegurar más de 72 millones de metros cúbicos anuales, de los que 80 por ciento se emplea en actividades agrícolas, a su vez, 12 millones de habitantes carecen del servicio de agua potable”, aseveró el legislador Burgos Pinto.
Destacó que el nuevo objetivo de la Conagua será modernizar la gestión del recurso hidráulico, ello a partir de su autonomía técnica y presupuestal. Y su encomienda es fortalecer al agua como una prioridad de interés público y nacional.
Un indicador básico para evaluar la situación de los recursos hídricos de un país es la disponibilidad natural de agua por habitante en un año. En este orden de ideas, en el dictamen se resalta que en 1955 la disponibilidad promedio en México era de 11,500 metros cúbicos por habitante al año, y actualmente es de 4,900 por habitante al año, la cual, de acuerdo con los parámetros mundiales, es baja.
Se precisa que México tiene 2,200 presas, de las cuales 137 son las más importantes por su capacidad de almacenaje, de éstas 67 tienen más de 40 años de construidas, por lo que están por llegar al término de su vida útil que es de 50 años.
En un plazo de 10 o 15 años se tendrá que renovar 50 por ciento de las 137 presas más importantes del país. Las que han prolongado su utilidad lo hicieron porque la aportación de azolves ha sido menor. Sin embargo, se está llegando al proceso en que para seguir utilizando esta infraestructura en presas es necesario sobreelevar las cortinas para recuperar el volumen azolvado con un costo de alrededor de mil millones de pesos por cada una. Tratar de desazolvarlas sería dos veces más costoso.
Se establece que la falta de inversión del sector público en los últimos años ha provocado un mayor rezago en la cobertura de servicio de agua potable y en la cobertura del servicio de drenaje y saneamiento. Son 12 millones de personas las que carecen de agua potable.
Además la tendencia a la baja en el presupuesto de la Conagua ha sido recurrente desde 1998 que fue de 14,068 millones de pesos; para 2002 el presupuesto ejercido por esta institución fue de 9,138 millones de pesos, la caída fue de 35 por ciento. El presupuesto originalmente planteado por el Ejecutivo para 2003, era de tan sólo 9,293 millones de pesos al que le fueron adicionados 3,300 millones de pesos de la redistribución de recursos.
Para explicar el alto costo del servicio de agua en el medio urbano, baste decir que los índices de capital son superiores a los de las telecomunicaciones y generación de energía eléctrica, por lo que se requieren cuantiosos recursos financieros para garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano, así como para ampliar la infraestructura hidráulica en beneficio de los sectores productivos del país y para mantener el equilibrio ambiental.
En el documento se precisa que los recursos necesarios para conservar los niveles de eficiencia actual representan un promedio anual de 64 mil millones de pesos, cantidad equivalente a poco más de 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país el año 2000. En otras palabras, tenemos un déficit de inversión para infraestructura y mantenimiento de más de 50 mil millones de pesos cada año.
