El financiamiento al sector agropecuario es uno de los problemas torales que enfrentan los campesinos mexicanos. Las bancas de desarrollo y comercial tienen una participación reducida en esta actividad productiva, que es considerada de alto riesgo.
En 2001, la banca privada otorgó créditos por un monto de 880,000 millones de pesos para todas las áreas, de los cuales sólo 33,800 millones se canalizaron a los sectores agropecuario, silvícola y pesquero. Para el año 2002 esta última cifra se calculó a la baja, es decir, en 30,880 millones.
La banca de desarrollo, por su parte, otorgó créditos por 395,000 millones de pesos para los diversos sectores, de los que 14,120 millones correspondieron a los sectores agropecuario, silvícola y pesquero. En 2002 se esperaba un incremento para ubicarse en 16,990 millones de pesos, según cifras del Segundo Informe de Gobierno.
En el año 2000, la banca comercial aportó 75 por ciento del crédito total al sector agropecuario y la banca de desarrollo 25 por ciento.
De acuerdo con informes del Banco Mundial (BM) –citados por la revista Claridades Agropecuarias– sólo 3 por ciento de la población rural ha recibido crédito de la banca comercial y menos de 1 por ciento de la banca de desarrollo.
Asimismo, sólo 45 por ciento de las unidades de producción habían podido adquirir un crédito, ya fuera formal o informal, en los dos años anteriores a 2001, expone la publicación.
Para el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), “la falta de capitalización es actualmente un problema estructural del sector, ante la reticencia de la banca comercial a otorgar crédito, al visualizar al sector como de alto riesgo, lo cual es entendible ante la mermada rentabilidad del sector”.
En un documento, el organismo cúpula de los agroempresarios indica que “hay que reconocer que hay una falta de conocimiento profundo del sector, y en ocasiones los instrumentos y mecanismos de financiamiento no son los adecuados”.
Los intentos
Hay intentos de las instituciones bancarias privadas de volver a otorgar crédito al sector agropecuario y comienza a haber programas en ese sentido, aun cuando las condiciones no son las más óptimas para los agricultores.
El 30 de agosto de 2002, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) firmó un convenio con la Asociación de Banqueros de México, que marcó, según las autoridades, “el retorno del financiamiento privado al agro mexicano, así como la puesta en marcha de nuevos mecanismos que reestructuran el sistema de financiamiento y capitalización para la producción agroalimentaria”.
Para septiembre de ese año, se informó que el Programa de Apoyo al Campo (Procampo) se modificó para que tres millones de productores reciban su apoyo, antes de la siembra, mediante el programa de dotación de tarjetas bancarias de débito donde participarían Bancomer, Bital, Bancrecer y Banamex. Esto, se dijo, evitaría la corrupción y permitiría medir con transparencia la entrega del recurso.
También ese mes, el Grupo Financiero Banorte anunció su participación en el esquema de capitalización de Procampo –donde los agricultores pueden obtener recursos anticipados para el desarrollo de proyectos agropecuarios– con 500 millones de pesos para apoyar a 12,000 productores y a una superficie promedio de 95,000 hectáreas de diversos cultivos y actividades rurales.
Bital también se integró al esquema de capitalización de Procampo y en su momento el director general de la institución, Eduardo Berrondo Ávalos, explicó que habría tres tipos de tasas, dos con un mecanismo de fondeo más cinco puntos y seis puntos (dicha tasa actualmente es de 6.75 por ciento), respectivamente, y la tercera basada en Cetes más cuatro puntos.
Por su intermediación en la entrega de Procampo adelantado, la banca comercial estimó una tasa de entre 10 y 15 por ciento, dependiendo del producto que se trate y del tipo de productor.
Las autoridades aseguran que la entrega de los subsidios adelantados no significa un cobro adicional a los productores que tengan menos de cinco hectáreas, ya que aquellos que superen dicha superficie pagarán sólo una tasa de dos a tres puntos. De igual manera, se promediará el Índice Nacional de Precios al Consumidor con la tasa de interés vigente y el gobierno seguirá siendo el aval.
