Legislación Ambiental

Evitar el dispendio en sector público

Como una medida para evitar el dispendio en la utilización de materiales como agua, papelería, vehículos, bienes inmuebles y energía eléctrica (principalmente en la realización de obras públicas), el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

En la iniciativa aprobada el pasado 30 de abril, se propone adicionar a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente el artículo 17 bis, con el propósito de establecer la obligación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para expedir los manuales de Sistemas de Manejo Ambiental y así optimizar la utilización de los recursos empleados para el desarrollo de sus actividades, reduciendo costos financieros y ambientales.

Lo anterior responde al reconocimiento de que los recursos materiales utilizados para el funcionamiento y operatividad de las actividades gubernamentales son en muchas ocasiones excesivos e injustificados.

También se propone reformar el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, para que estos contratos y servicios se otorguen por medio de licitaciones públicas. Mediante convocatoria pública, se presentarán proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética, el uso responsable del agua y demás circunstancias pertinentes.

Hay que destacar el reconocimiento y la importancia que se le da al uso de la energía en las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y con base en lo anterior se considera viable establecer en las leyes respectivas, que en las licitaciones públicas se observe el uso eficiente de la energía y el agua, además del precio, calidad, financiamiento y oportunidad, impulsando con ello una cultura de ahorro energético.

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