El gobierno de Estados Unidos autorizó en mayo pasado un fuerte incremento a sus subsidios agrícolas. Esta medida de carácter proteccionista ha sido severamente criticada por la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y casi todos los socios comerciales de ese país.
Esas ayudas son contradictorias con el discurso de los estadounidenses, quienes piden, por una parte, el fin de las subvenciones a la agricultura y, por otra, las elevan considerablemente, de acuerdo con las críticas generadas por el establecimiento de dicha ley, entre las que se cuenta la del comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler.
Incluso, opositores a esa ley estadounidense señalan que ésta obedece claramente a presiones políticas internas ante las próximas elecciones legislativas y van en la dirección opuesta a la que establece la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El propio gobierno de México se inconformó con el de Estados Unidos por la decisión de incrementar los subsidios a la agricultura, y envió una carta de protesta firmada por los secretarios de Agricultura, Javier Usabiaga, y de Economía, Luis Ernesto Derbez.
México busca integrar un frente opositor a esa determinación de EU, que elevaría los subsidios al sector en 8,000 millones de dólares en un año y que prevé desbloquear más de 73,000 millones de dólares de aquí a 2007. Esa suma representa un aumento del 70 por ciento del gasto agrícola en 6 años.
La nueva ley estadounidense refiere que los apoyos a los precios de las producciones aumentarán para los próximos 2 años, antes de caer a niveles inferiores en 2004. El gobierno de ese país asegura un ingreso anual para sus agricultores con un precio mínimo garantizado para sus cosechas y les permite además cambiar de cultivos sin perder las subvenciones.
Las ayudas son para maíz, trigo y soya, así como algodón, azúcar y productos lácteos. La ley restaura las subvenciones a productores de lana y apicultores, que habían sido eliminadas en 1996, y otorga por primera vez apoyos al cultivo de garbanzos, lentejas y maní. También impulsa la producción de etanol, a partir de la caña de azúcar, que busca reducir la dependencia petrolera estadounidense.
Luis Ernesto Derbez descartó en su momento que México vaya a entregar subsidios agrícolas para contrarrestar la medida de Estados Unidos de subvencionar su sector. Mientras que Javier Usabiaga dijo que estaba considerando incrementarlos para ayudar a reducir el impacto para los productores nacionales.
Reaccionan legisladores mexicanos
La Comisión Permanente acordó el pasado 22 de mayo solicitar a las secretarías de Agricultura y de Economía un análisis inmediato del impacto de la ley agrícola estadounidense sobre los productores mexicanos.
El órgano legislativo también dictaminó exhortar al Ejecutivo federal a que informe al Congreso de la Unión acerca de las medidas y políticas que habrán de ponerse en práctica para evitar los graves perjuicios previsibles para el sector agropecuario.
Los legisladores mexicanos refieren que con un presupuesto de apoyos a la comercialización, que para 2002 alcanzó apenas 517 millones de dólares, una vez descontados los 593 millones de pesos que el gobierno mexicano decidió disminuir a Aserca, en el último recorte presupuestal, y frente a una apertura comercial, la nueva ley agrícola de Estados Unidos significará menores precios, incremento de las importaciones, menores ingresos, pobreza en el campo, además de migración a las ciudades y fuera del país.
